A ambos profesionales, vinculados al Hospital Italiano, se los acusa de haber cometido el delito de administración fraudulenta.
Boveri y Lanusse, los principales investigados en la causa por robo de insumos médicos.
Mientras avanza la investigación judicial para detectar nuevos involucrados en la red de robo de medicamentos e insumos médicos para fines recreativos, se definió la imputación formal de anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse.
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La causa, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, busca determinar el rol que ocupaban los profesionales vinculados al Hospital Italiano en muerte de Alejandro Zalazar, quien trabajaba como anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ocurrida el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo. Lanusse ya fue desvinculada de la institución médica, mientras que Boveri fue suspendido preventivamente.
La medida judicial implica el procesamiento, la prohibición de la salida del país y el embargo millonario sobre sus bienes. La fiscalía investiga si los acusados aprovecharon su posición estratégica para vulnerar los controles de stock del hospital, extrayendo medicamentos que requieren una custodia estricta. En ese sentido, y tras una serie de auditorías internas en el Hospital Italiano, se detectaron inconsistencias en el inventario de medicamentos anestésicos.
Desde el inicio de la causa, Hernán Boveri, un exprofesional del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, una residente de tercer año de la misma institución fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y quedaron imputados.
Esta semana se definió la imputación de la médica Chantal “Tati” Leclercq. En la reconstrucción del caso, se analizaron las relaciones entre los involucrados. Esto llevó a la incorporación de la joven a la lista de sospechosos, quien mantiene un vínculo con Lanusse por ser recibidas de la Universidad Austral, además de su cercanía con otros profesionales bajo investigación.
Sin embargo, la pesquisa no se limita únicamente al desvío de medicación, sino que también busca determinar si esas sustancias pudieron haber sido utilizadas en contextos recreativos. Aunque el audio viralizado no fue incorporado formalmente al expediente, la fiscalía sí puso la lupa sobre otra hipótesis que aparece mencionada allí: la posible comercialización de “viajes controlados”. Bajo esa modalidad, se habría ofrecido a clientes, a cambio de dinero, la experiencia de atravesar un estado de sedación o relajación profunda bajo la supervisión de una persona encargada de intervenir ante cualquier complicación.
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