La directora del PAMI, Graciela Ocaña, denunció hoy que tanto las autoridades de la obra social como el conjunto de los jubilados son víctimas de una extorsión por parte de un grupo de prestadores.
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De esa forma, Ocaña salió a rechazar el paro por 48 horas que se inició hoy en clínicas y sanatorios de todo el país, y aseguró que la atención estará garantizada.
En el caso de que un jubilado llegara a una clínica o sanatorio en el que decidieran no atenderlo deberá ir a la unidad de gestión y allí le entregarán una orden de prestación para ser atendido en otro centro asistencial.
La directora del Pami enmarcó la medida de fuerza en "las políticas extorsivas que algunos tienen cuando se pretende impulsar un cambio".
"Están acostumbrados al Pami de (Víctor) Alderete y creen que eso sigue. No se puede seguir en esta técnica extorsiva. Nosotros vamos a garantizar, a través de órdenes de prestación y con toda la fuerza que la ley nos ampara, la atención", afirmó.
Ocaña aseguró que la gestión que encabeza "tiene el apoyo del gobierno nacional y estamos trabajando junto a ellos. Lo que pasa es que los intereses son muy fuertes y son los que no quieren que el Pami cambie".
Además, remarcó que "el esfuerzo que el Pami está haciendo de llevar adelante licitaciones, aumentar el valor de las cápitas en virtud de los aumentos de costos que han tenido los prestadores".
"Hemos pasado de 21,40 pesos el valor de la cápita a 25,50. Esto implica un importante aumento de la inversión de la institución. A cambio de esto hemos requerido a los prestadores que cumplan una serie de metas para mejorar la prestación para acceder a este aumento", explicó.
Ocaña insistió en que "no se puede extorsionar con la salud de tres millones de jubilados" y pidió al grupo de prestadores que impulsan la medida de fuerza que "se dediquen a prestar el servicio y nos dejen a nosotros trabajar".
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