Obligan a Nación y Ciudad a desalojar predio en Parque Avellaneda.
Los gobiernos nacional y porteño fueron urgidos por la justicia federal para que de inmediato fijen la fecha del desalojo de un barrio de viviendas intrusadas en el Bajo Flores, donde debe ser relocalizados vecinos de la ribera del Riachuelo.
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El reclamo fue dirigido al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, y a los ministros nacional y porteño de Seguridad, Nilda Garré y Guillermo Montenegro, por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, comisionado por la Corte Suprema de Justicia a supervisar el saneamiento de la Cuenca del Rio Matanzas.
El magistrado les pidió que le comuniquen la fecha en que cumplirán el acta firmada el martes pasado por ambas jurisdicciones para desalojar un barrio de viviendas ubicado en las avenidas Castañares y Riestra, intrusadas por unas 200 personas desde hace dos meses.
Nación y Ciudad acordaron ante la Corte Suprema el mecanismo de desalojo, que será realizado por efectivos desarmados de la Policía Metropolitana con apoyo externo de fuerzas federal, policiales o de Gendarmería, que deberán actuar en caso de agresión resistencia.
El desalojo incluirá un censo de salida y el compromiso de la Ciudad de brindar asistencia médica, alimentario y de vivienda transitoria a los okupas. El compromiso, firmado por Garré, Montenegro y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, no incluyó fecha de efectivización, que ahora urge Armella.
Las viviendas, que fueron construidas por la Corporación del Sur de la Ciudad, deben ser entregados a habitantes de dos villa miseria desalojados de la ribera del Riachuelo para su saneamiento.
El "procedimiento de actuación", que zanjó de disputa entre Nación y Ciudad sobre quien debía hacerse cargo del desalojo, prevé que haya ambulancias del SAME y personal de organismos sociales porteños, así como la filmación der todo el operativo.
La orden de desalojo, impartida por Armella en marzo pasado, será ahora de cumplimiento obligatorio", pero con una mediación que lo diferencie claramente de un desalojo por usurpación, atento a las graves necesidades sociales que padecen los ocupantes.
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