¿Plebiscito de Ibarra por policía propia?

La decisión del gobierno de la Capital Federal de crear un cuerpo de Policía Comunitaria requiere un presupuesto de 15 millones de pesos anuales que ya está asignado en el Presupuesto 2004 de la administración local. Esta nueva dirección tendrá sede en el edificio de Alpargatas Argentina, en la calle Patricios, del barrio porteño de Barracas, adonde se trasladará la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña, la cual estará al mando de un comisario mayor y un comisario inspector de la fuerza.

Esta Dirección, que para el Gobierno porteño es el «núcleo de la transferencia», se sumará a otras tres que dependen de la Superintendencia de Policía Metropolitana.

La Policía Federal se encargará de la conformación jerárquica de la Dirección, mientras que la Ciudad se hará responsable de financiar el reclutamiento de 500 hombres, este año, hasta arribar a una cifra de 1.500.

Hacia finales de la anterior gestión de Aníbal Ibarra al frente de la Ciudad, se discutió la asignación de una partida de 15 millones de pesos para armar la Policía Comunitaria que actúe sobre temas locales.

La Dirección de Policía Comunitaria estará formada por 500 agentes egresados de la Academia de la Policía Federal y otros 300 efectivos de carrera que ya cumplen tareas relacionadas con la Ciudad.

Para abordar la curva ascendente de delitos reales en el área metropolitana, el secretario de Seguridad, Juan Carlos López, diseñó este proyecto junto con el secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantín, con quien integra el Consejo de Seguridad.

De los 15 millones de pesos asignados a la Policía Comunitaria, 6 millones seiscientos mil son para pagar los salarios de los 500 agentes, y el resto, para equipamiento.

La idea del Gobierno porteño es recuperar el control territorial en la Ciudad y establecer policías en todas las plazas y esquinas comerciales, además de controlar a la Policía de tránsito y las faltas contravencionales.

López dijo que espera que el Ministerio de Economía de la Nación dé el «visto bueno» al expediente de creación de la Policía Comunitaria en 15 días, y que abra las vacantes para incorporar esos 500 agentes adicionales. Esta decisión está trabada por «cuestiones puramente burocráticas», explicó López, y permitirá crear una Dirección General de Policía Comunitaria, para que actúe en la Ciudad de Buenos Aires mientras dure «el proceso de transición» de la Policía Federal a la órbita metropolitana.

Ibarra presentó la semana pasada ante el Congreso de la Nación «la apuesta de largo plazo»: es decir, el proyecto de modificación del artículo 7 de la llamada ley Cafiero, que impide la creación de organismos de seguridad en el ámbito porteño.

La sola modificación del polémico artículo permitiría a la Ciudad instalar un escenario nuevo, en el cual -mientras se «discute la transferencia de la Policía»- Ibarra podría dar luz verde a un «plan B» que contempla la formación de una policía propia al margen de la Federal, que requiere unos cien millones de pesos anuales.

• Transferencia ordenada

Sin embargo, López aclaró que esta posibilidad, que podría ponerse en marcha a través de una consulta popular o plebiscito, no es la que tiene en estudio la gestión de Ibarra que, según indicó, aspira a una «transferencia ordenada» de los efectivos federales, con el presupuesto correspondiente y en un plazo de 10 años.

Con la agenda desdoblada, el Gobierno porteño espera entonces obtener el apoyo real del gobierno nacional, en tanto evalúa que, una vez instalado el tema, resta, lo que no es poco, conseguir el apoyo político suficiente para torcer el codo de quienes se oponen a la transferencia de la Policía.

El asunto en cuestión no tiene sólo limitaciones legales o técnicas. Una vez superada la ley que limita la creación de organismos de seguridad en la Ciudad, queda por resolver «la letra chica» de la transferencia y la discusión de la coparticipación. El control político sobre la Policía Federal es una de las razones por las que ningún gobierno nacional aceptó la transferencia de la Policía a la Ciudad, tal como lo establece la Constitución nacional desde 1853, lo incluye la reforma de 1994 y lo reafirma la Estatuyente porteña de 1996.

«No estamos hablando de cuestiones técnicas, estamos hablando de transferencia de poder, de plata, de información y de instituciones que en muchos casos son centenarias», advirtió López.

El funcionario detalló que la transferencia incluye desde el control del puerto de Buenos Aires y la Inspección General de Personas Jurídicas, hasta el Registro de Propiedad Inmueble, entre otros, todos organismos locales que «recaudan mucha plata y mucha información».

Para el Gobierno porteño, la modificación parcial de la ley Cafiero es «un hecho político en sí mismo», mientras avanzan con la Policía Comunitaria e inyectan parte del presupuesto local para reequipar a la Policía Federal.