4 de enero 2006 - 00:00

Boggiano pedirá a la Corte trate su apelación

Antonio Boggiano
Antonio Boggiano
Los defensores del juez Antonio Boggiano analizan si no sería mejor que la Corte Suprema de Justicia reasuma el caso, despejando así las sospechas de irregularidades que ha sentado el sorpresivo desplazamiento de dos conjueces que componen el tribunal ad hoc que debe decidir si el proceso de destitución del magistrado fue constitucional o ilegal.

La estrategia ha comenzado a tomar forma luego del escandaloso apartamiento del juez Tomás Inda y de un pedido de investigación al camarista Mario Lezana. Ambos jueces votaron a favor de restituir a Boggiano en su silla de cortesano un día antes de que el Senado lo destituyera.

Suponiendo que continúe el descabezamiento de conjueces, Boggiano puede presentarse ante esa corte supletoria y pedir que intervenga la titular. Dos serían los argumentos que se manejan como alternativa: importancia del caso y denegación de justicia.

Como la Corte Suprema ya dijo que por su importancia no se pueden nombrar conjueces para tratar los casos de pesificación, ese antecedente sería válido para obligar al máximo tribunal de justicia a intervenir en el caso Boggiano por la implicancia institucional que tiene la destitución de un ministro.

Quedará así planteada la cuestión de si interviene una corte de conjueces cuestionada en su independencia o la Corte originaria famosa por su independencia.

El fundamento de denegación de justicia es un poco más complicado. Depende, esencialmente, de Lezana, Si el juez resulta excluido para votar, la corte supletoria queda impugnada como tribunal porque estaría afectada la garantía del juez natural ante la bochornosa sustitución de dos jueces que han fallado a favor de Boggiano, pues se abriría la sospecha de que, probablemente, han sido cambiados por el sentido en que expresaron sus votos.

Si
Lezana renuncia, entonces se confirmaría la tesis de que los jueces deben dimitir ante la presión oficial. Vulgarmente se denomina «lo renunciaron».

El gran dilema es si los nuevos jueces Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda están en condiciones de asumir ese desafío.

Todos ellos, junto a
Enrique Petracchi y el veterano Carlos Fayt, se excusaron de intervenir en el «caso Boggiano» por ser sus colegas. Adujeron «decoro y delicadeza».

• Alternativas

Pero sucede que esa causal (un simbolismo para sortear una decisión de peso) cede o no alcanza ante una situación de denegación de justicia. Como en el caso de la pesificación, la Corte Suprema estaría obligada a pronunciarse sobre la decisión del Senado de destituir a Boggiano.

En la pesificación se guardó el derecho a opinar a sabiendas de que si llamaba a conjueces -todos presidentes de cámara- éstos seguirían la línea de declarar inconstitucional la emergencia económica y se pronunciarían por devolver en dólares los depósitos de los ahorristas.

En el
«caso Boggiano» tampoco tiene muchas alternativas. O la Corte Suprema le pone un límite al gobierno desconociendo la decisión del Senado y, por lo tanto, ingresa en un conflicto de poderes, o acepta todo lo hecho hasta ahora.

• Pedido

Si se inclina por la segunda opción habrá revivido la cuestión Moliné O'Connor. Es que Boggiano llevará su destitución a la Corte Interamericana y se sabe que dos casos de un mismo tenor en un tribunal extranjero es algo bastante atípico. En especial cuando se tiene un fallo a favor como lo fue la reposición de Boggiano en el tribunal antes de ser destituido. El desplazado juez supremo ya ha pedido a internacionalistas de La Haya y de Luxemburgo que lo patrocinen en su pelea por recuperar su silla en la Corte.

Una resolución sobre Boggiano hoy está frenada porque el procurador Esteban Righi todavía no confeccionó su dictamen opinando sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión del Senado. Por lo tanto, está pendiente un pronunciamiento de la corte supletoria sobre dos apelaciones:

• una contra el procedimiento iniciado por el Senado y contra la suspensión. A la suspensión se hizo lugar y se revocó ordenando la restitución de
Boggiano en el máximo tribunal de justicia. Al abrir la queja, la Corte suspendió el procedimiento, por lo tanto debería haberse congelado también cualquier decisión posterior del Senado;

• la otra es contra la destitución e inhabilitación y el procedimiento.

Las apelaciones coinciden en un punto: ambas plantean
la nulidad del procedimiento.

Su validez está cuestionada porque debería haberse iniciado contra otros jueces y por los mismos cargos. No resulta válido que haya sido en forma individual.

Esto significa que el procedimiento anterior al 27 de setiembre -cuando se suspendió a
Boggiano en sus funciones- puede todavía ser nulo. Si es así, también debería serlo el procedimiento posterior a esa fecha, que resolvió la destitución del magistrado sin considerar o prescindiendo el Senado de la posible decisión de la Corte sobre la nulidad del procedimiento. Por lo tanto, es nula también la destitución.

El mayor interrogante que plantea el caso
Boggiano es ¿quién prevalece?, ¿la Corte o el Senado?

Al parecer, aquí prevalecen el Presidente y el Senado en detrimento del Estado de derecho. Una muestra más de que el gobierno controla la Cámara alta y se dispone a hacer lo mismo con el Consejo de la Magistratura.

Lo grave es que el ciudadano común estará expuesto a ir preso o a perder un crédito en la Justicia según la voluntad del gobierno. Claro está que no va a ocurrir todos los días, pero es la posibilidad de que esto exista lo que se abre en el horizonte.

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