Al conflicto que enfrenta el jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, se suma ahora otra contra un coronel retirado un teniente coronel en actividad por presunto enriquecimiento ilícito. Eso ha provocado que se reitere el pedido de citación a declarar de los últimos 5 jefes de Estado Mayor del Ejército: José Segundo Dante Caridi, Francisco Gassino, Martín Bonet, Martín Balza y Ricardo Brinzon i.
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Hay un sexto mencionado: Isidro Cácere s, que murió mientras estaba al frente de la fuerza terrestre.
En los años 1996 y 1997, los dos oficiales denunciados revistaban en el Servicio de Finanzas de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, desde donde se administran los fondos reservados asignados por presupuesto. En ese momento conducía la fuerza el actual embajador en Colombia, Balz a, otro hombre de confianza del entonces presidente Carlos Mene m, y ya reconvertido, del actual Néstor Kirchne r.
Quienes conocieron a Bendini en sus tiempos de comandante de la IX Brigada de Infantería Mecanizada, en Río Gallegos, recuerdan que ya en aquel momento logró eludir con éxito una auditoría de la Contaduría General del Ejército por los mismos motivos. Y al ser consultados subrayaron las cordiales relaciones que mantenía Bendini con la familia Kirchner y con la hermana del entonces gobernador, Alicia Kirchne r, quien a cargo de la acción social de la provincia se proveía de productos de la panadería del cuartel local. Es por lo menos paradójico lo que ocurre con otros hechos.
Por ejemplo, que un diplomático de carrera, el ahora ex cónsul argentino en Nueva York, haya perdido su destino al descubrirse que su esposa usaba un teléfono celular para procurar un ingreso extra a la familia.
¿Con todos se procede de igual modo? Y eso que los artículos 177 (responsabilidad del Ministerio Público) y 277 (encubrimiento) del Código Procesal Penal son claros.
El caso del coronel (R) Gustavo Omar Poch y el teniente coronel Roberto Genaro Rodríguez es más grave, si se comprueba la denuncia de presunto enriquecimiento ilícito, en razón de las dimensiones del crecimiento patrimonial de ambos y la aparente existencia de una cuenta en un banco suizo del primero de ellos. • Solicitud
Fue el abogado Ricardo Monner Sans quien le solicitó al fiscal Gerardo Di Masi la citación de los últimos jefes del Ejército, al tiempo que le recordó que un contador público, Alfredo Popritki n, fue quien investigó «el turbio manejo de dineros públicos, esta vez con directa implicancia respecto del Ejército Argentin o», e informó de ello al juez Rodolfo Canicoba Corral a principios de este año.
En toda esta cuestión se subraya que hay un aspecto desde el punto de vista jurídico que es considerado clave: lo primero es preguntar por qué el Ejército recibe fondos reservados -se presume que sigue recibiéndolos de Defensa y de Economía, como en el pasado-, y por qué habría desaparecido la documentación que respalda el uso de esos fondos. Existe una norma jurídico-administrativa que establece para el Estado la obligación de conservar durante 10 años los comprobantes de gastos. ¿En este caso se quemaban todos año tras año? ¿Quién lo autorizaba? ¿Existen normas secretas que permiten el uso de estos fondos sin comprobante alguno? Alguna de estas respuestas amplía las sospechas e implica que puede haber más responsables que los dos únicos sospechados hasta ahora.
