"Corralito" está en la Corte por gobernador

Ayer en la Corte Suprema se estudiaba una definición para la presentación que hiciera Río Negro por la suspensión de los pagos de los amparos al "corralito" por 120 días. El gobernador radical Pablo Verani se convirtió así en funcional a los intereses del duhaldismo para avanzar en una salida ordenada al "corralito", algo en lo que se coincide con el FMI. Semanas atrás, Verani ordenó a una senadora de Río Negro que facilitara el quórum para que el PJ en el Senado pudiera derogar la cuestionada ley de "subversión económica".

Hasta despues de la feria judicial, en la Corte no se tratará la presentación del gobernador radical de Río Negro, Pablo Verani, pidiendo la inconstitucionalidad del Decreto 1.316/ 02 de necesidad y urgencia que suspende la ejecución de medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en procesos judiciales en contra del «corralito» financiero, . Si bien la medida aparenta estar en contra de la disposición del gobierno de Eduardo Duhalde, no deja de ser funcional a sus pretensiones porque instala el tema directamente en la Corte y obliga a sus miembros a darle un tratamiento prioritario por tratarse de un juicio originario. De este modo, si la Corte pensaba «planchar» el caso ante la indefinición de Duhalde y los diputados de cerrar el juicio político, aprovechando los lentos pasos procesales, ahora deberá analizarla apenas se reabra la feria judicial el próximo lunes porque un tema de tanta trascendencia debe ser resuelto por los nueve jueces.

•Inconstitucionalidad

Verani promovió la acción de amparo contra el Estado nacional -responsable de la aprobación de la mencionada norma administrativa-«en tanto el mismo en forma actual e irrazonable lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos a nuestra provincia y a sus habitantes por la Constitución». Por ello solicitó a la Corte que se declare judicialmente la inconstitucionalidad del aludido decreto « por cuanto su sola existencia, lesiona la supremacía de la Carta Magna, al estar en absoluto desacuerdo y conflicto con los principios que establece la Ley Superior, resultando en ese orden ilegítimo». El rionegrino espera que la acción de amparo sea tramitada como una acción de declaración de certeza.

De todos modos, la presentación judicial no será tratada esta semana -última de la feria de invierno-porque para un asunto de tanta trascendencia se espera la presencia de todos los ministros del alto tribunal. A esta exigencia interna se han comprometido todos los miembros de la Corte, fundamentalmente mientras esté pendiente sobre sus cabezas el juicio político que aún no se cierra en Diputados. La Corte no tenía -hasta ahora-un expediente con un pedido de inconstitucionalidad del último decreto de Duhalde, que deberá pasar por los distintos pasos procesales para llegar recién a esa instancia a fin de mes. Esto si la cámara en lo Contencioso Administrativo Federal apura el trámite, aunque también es cierto que la Corte no tiene plazos. Pero un tema de esa gravedad institucional y planteado por una provincia no puede demorarse mucho tiempo en los despachos judiciales.

De todos modos, hasta ayer, el procurador del Tesoro, Rubén Citara -su trato con la prensa mudó para peor desde su anterior cargo de apoderado del PJ bonaerense-aún no había instrumentado la apelación en contra del fallo de la jueza Liliana Heiland, la primera en pronunciarse en contra del decreto del gobierno, aunque más no sea en forma parcial. El abogado del gobierno tratará de presentar hoy la apelación para evitar que quede firme la inconstitucionalidad al artículo 3 del Decreto 1.316/02 que faculta al Banco Central a pagar (a mayores de 75 años y enfermos) 50 por ciento de los fondos retenidos concedidos por los amparos judiciales. Pero, también ayer, el presidente del Central, Aldo Pignanelli, reconoció ante el juez federal Gabriel di Mateos que esa entidad no puede acceder en lo inmediato al pago que le exigió el titular de Economía, Roberto Lavagna.