"Corralito": la Corte ve bien un decreto

En la Corte se decidió esperar ayer a que sea el gobierno quien avance con una norma legislativa para solucionar el problema del «corralito» financiero, lo que podría traducirse en un nuevo decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que luego sería avalado en la máxima instancia judicial. Pero para ello la norma gubernamental debe respetar la garantía constitucional del derecho a la propiedad que la Corte respaldó en el caso «Smith», de cuya jurisprudencia fundamental no se puede apartar, lo que realmente provoca un intrincado planteo para los abogados del Ministerio de Economía, encabezados por Eduardo Ratti, el secretario de Legal y Técnica de Jorge Remes Lenicov que pilotea estas negociaciones.

Anoche, en Olivos, el ministro trataba de apurar el decreto ante Eduardo Duhalde, pero el Presidente -pese al respaldo de la Cortedudaba de que no vaya a ser objetado por los jueces inferiores aunque el control de constitucionalidad lo define la máxima instancia. En realidad durante las horas previas, el DNU de Economía sufrió variaciones: primero se aprobó en Legal y Técnica, pero luego se hicieron agregados en la privada de Remes hasta que terminada la pieza se la puso a consideración del Presidente antes de redactar el proyecto definitivo que será enviado al Congreso. En ese punto fue donde Duhalde temió ser desairado en los tribunales, pero el ministro confió a un allegado que esperaba tener resuelto el problema para hoy.

De este modo se despejaron especulaciones acerca de que el máximo tribunal podría producir un «per saltum» sobre todos los recursos de amparo que se encuentran resueltos a favor de los ahorristas en primera instancia y deja en manos de Duhalde la solución a un problema que los jueces responsabilizan en igual medida al gobierno como a los diputados que lo avalaron. No obstante, a la Corte también le preocupa la grave sangría que viene afectando al sistema financiero por el pago obligado de aquellos depósitos que tienen sentencia favorable en los jueces de primera instancia: hasta ayer los recursos concentrados en la Justicia llegaban a los 220.000 que tiene al borde del colapso a los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal.

Por eso los jueces supremos tratan de colaborar con Remes Lenicov -el funcionario de mejor llegada actualmente al cuarto piso de Talcahuano 550- para que sea un decreto de Necesidad y Urgencia que debe ser luego ratificado por el Parlamento, lo que canalice legalmente la apertura del «corralito». Ese es el principio básico para que no sea rechazado apenas ingrese un reclamo en los tribunales y no ponga a la Corte contra la pared por la vulneración de las garantías constitucionales que tiene a todas luces la actual Ley de Emergencia Económica, algunos de cuyos artículos ya han sido declarados inconstitucionales por la propia Corte.

Pero, mientras los abogados de Economía exprimen sus cerebros para buscar una salida como quiere la Corte, en el plano interno se trata de atender la explosiva demanda. A partir del próximo lunes 15, cada juez en lo Contencioso Administrativo tendrá unas 15 secretarías para poder atender los recursos de amparo presentados por los ahorristas. Esas dependencias fueron extraídas de los fueros Civil y Comercial Federal, Civil y Laboral aunque serán los magistrados de Contencioso Administrativo Federal quienes resolverán sobre los planteos contra el «corralito».