Corte demora un fallo sobre la pesificación

La Corte esperará hasta el viernes próximo para resolver cómo definirá tres casos que afectan la pesificación de manera individual, aunque -por el momentono figura en su agenda el tratamiento generalizado de la mayor preocupación para el gobierno, fundamentalmente para los bancos. Es más, en el caso más concreto que preocupa a las entidades, como la devolución de un plazo fijo de u$s 1.040.000 por el Banco del Chubut, el más alto tribunal sólo dispondrá que se respete la moneda original pactada, pero no exigirá que esa devolución sea de manera inmediata. En los otros dos -cuyos montos son sensiblemente menores-se seguirá el mismo criterio.

Tampoco tratará el dictamen del procurador general, Nicolás Becerra, que opinó en contra de la aplicación de las leyes de Obediencia Debida para dos casos de violación de los Derechos Humanos durante el Proceso Militar, pero que no incluyó a la actual causa del juez Claudio Bonadío que tiene detenidos a unos 40 militares.

•De viaje

El argumento para que el habitual acuerdo del martes no se celebre mañana o en su defecto, el jueves, como suele ocurrir cuando es feriado el lunes, es un viaje del ministro Adolfo Vázquez a la Antártida -todo un gesto político en medio de las difusas versiones de secesión de la Patagonia publicadas en «The New York Times»- en carácter oficial, ya que es el responsable de supervisar judicialmente la región austral que comprende a las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sobre estas tres últimas tiene competencia el juzgado federal con asiento en Ushuaia a cargo de Federico Calvete.

La ausencia de Vázquez de Buenos Aires sirve para postergar la reunión, ya que los máximos jueces se han comprometido a celebrar sus encuentros cumbre con la presencia de todos los integrantes de la Corte. Este criterio comenzó a adoptarse a partir de la apertura del juicio político en la Cámara de Diputados, una asignatura pendiente que condiciona a la cabeza del Poder Judicial, cuyos miembros se consideran en virtual «estado de comisión». Por ese conflicto de poderes, los jueces supremos no han definido cuestiones de importancia, como el respaldo o no a la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que jaquean la cuestión militar, alterando la tranquilidad en los cuarteles.

A tal punto la Corte no quiere tratar este tema, que el miércoles a la noche desde un importante despacho del Palacio Judicial se llamó a Becerra para que demorara su dictamen en favor de la inconstitucionalidad de esa legislación que alertó al Ejército y a la Marina, las dos fuerzas más comprometidas en los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos. El jefe de los fiscales, al respaldar el criterio jurídico del ex juez y actual camarista federal Gabriel Cavallo -ratificado por sus pares Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani de la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña-, puso en un apriete a la Corte, que no quiere definirse aún para no malquistarse con los uniformados, a quienes en el pasado apoyó con algunos fallos secundarios, pero tampoco en la actual situación quiere soportar manifestaciones de los organismos de Derechos Humanos y partidos de izquierda cuando -con satisfacción-ha logrado revertir la acción en su contra que desplegaban los ahorristas merced a los elogios de Nito Artaza.

Para la causa chubutense -Miguel Acerbo contra Banco del Chubut, su recurso de amparo-, en la Corte se analizaban el viernes último tres alternativas distintas: a) disponer la dolarización, pero sin obligar a su pago; b) depósito judicial en una cuenta abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; c) depositar el valor -no necesariamente dinero-en una caja de seguridad de la Secretaría de Juicios Originarios. Las tres posibilidades sólo traducen en un asiento contable hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, pero sin que los bancos deban disponer del dinero requerido por el depositante. O sea, una salida salomónica hasta tanto se adopte un criterio jurídico definitivo sobre los ahorros depositados en los bancos y afectados por el «corralito» financiero, aunque cualquier decisión del máximo tribunal no obviará la aplicación del artículo 17 -derecho a la propiedadde la Constitución, según se encargan de repetir sin diferencias de mayorías o minorías. Para el caso Acerbo ya están los 6 votos a favor del ahorrista, con las conocidas dos excusaciones de Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, por tener dinero retenido por el «corralito», y posiblemente una abstención: Antonio Boggiano.