Cromañón: bajan la imputación a funcionarios (favorece a Ibarra)

Aníbal Ibarra

La Cámara del Crimen cambió ayer la figura por la que se encuentran procesados tres ex funcionarios del gobierno porteño por el Caso Cromañón, por una más leve. Se trata de un giro en la causa judicial, que imputa a los ex funcionarios del área de control sólo presunto incumplimiento de sus deberes y ya no homicidio culposo.

A los ex funcionarios se les adjudicaba responsabilidad porque el local bailable donde se lanzó pirotecnia que causó la combustión de los paneles acústicos del techo y la consecuente emanación de gases letales no contaba desde hacía un mes con la habilitación de medidas contra incendio que otorgan los bomberos de la Policía Federal, entre otras cuestiones, «por inobservancia de los deberes a su cargo».

La medida alentó al jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, a solicitar que se « archive» el juicio político que le sustancia la Legislatura de la Capital Federal a Aníbal Ibarra (ver nota aparte), ya que consideran que la Justicia sostiene que no hay relación entre las acciones del gobierno y las muertes ocurridas y por otra parte, ya no quedan ex funcionarios acusados de homicidio culposo.

La Cámara, al responder a las apelaciones de los imputados que fueron procesados en mayo pasado, decidió que no corresponde el procesamiento por homicidio culposo, en total a cinco ex funcionarios del Gobierno porteño. A tres de ellos los procesó igualmente con la figura penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público y al resto le dictó la falta de mérito.

Los procesados por incumplir presuntamente sus deberes, sin prisión preventiva, son la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin; su segunda, Ana María Fernández, a cargo de la Unidad Polivalente de Inspecciones, y Gustavo Torres, entonces titular de la Dirección General de Fiscalización y Control, a quienes embargó en $ 15 mil, suma muy inferior a los $ 20 millones trabados por el juez Julio Lucini, quien ya no está a cargo del expediente. Con la falta de mérito, Rodrigo Cozzani, Víctor Telias y Alfredo Ucar, también acusados en primera instancia de homicidio culposo.

Resta ahora que la Cámara se exprese sobre la situación del ex secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, el de más alto rango procesado por Lucini, pero recién el ex funcionario tendría que hacer su alegato en marzo. Para entonces ya tendría resolución el juicio político contra Ibarra.

El dictamen de los camaristas María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzone y Rodolfo Pocielo Argerich era analizado con cautela ayer por los miembros de la Sala de Juzgamiento conformada por 15 diputados, que debe reunirse la semana que viene (ver nota aparte).

Los jueces consideraron que las 193 muertes ocurridas la noche del 30 de diciembre de 2004 no tienen relación con los deberes de los ex funcionarios, aunque se hayan desempeñado mal. En cambio, los magistrados, en un fallo de 137 carillas, dan a entender que sí tienen relación con los hechos ocurridos los policías procesados por supuestamente haber cobrado coimas para no controlar el lugar, el gerenciador Omar Chabán y la banda de músicos Callejeros, que actuó aquella noche, de la cual la semana que viene se cumple un año.

• Pregunta

También los jueces apuntan contra los legisladores porteños al considerar que no resolvieron la parte legal que correspondería para mejorar el sistema de controles, que consideraron caótico. Los camaristas además se explayan en el otorgamiento de la habilitación del local en 1997 y hablan de «redes informales» para la «industria de la habilitación».

Luego sostienen que «hizo falta que ocurriera lo que ocurrió en Cromañón para que tanto los legisladores porteños como otros funcionarios públicos de áreas ejecutivas advirtieran el hecho de que una actividad de alto riesgo se encontraba regulada con normas que no pueden leerse sin sorpresa por resultar, en algunos casos, tan contradictorias que parecieran redactadas a propósito para beneficiar los objetivos personales de los integrantes de una estructura burocrática que deja muchas dudas sobre su funcionamiento real en pos del interés público». A eso agregan que «los legisladores porteños, por inacción, dejaron que perdieran estado parlamentario diversos proyectos de reforma del Código de Habilitaciones y Verificaciones y advirtieron, después de lo acontecido en República Cromañón, la imperiosa necesidad de actualizar la legislación».

Por otra parte, los jueces se preguntan qué hubiera ocurrido si el local hubiera sido inspeccionado antes de la tragedia y sostienen que «nada» permite afirmar que «el resultado se hubiera evitado».

Entre otras consideraciones, los camaristas, para procesar por presunto incumplimiento de sus deberes a Fiszbin, Fernández y Torres sotuvieron que:

• «Se debió haber inspeccionado la totalidad de los locales bailables que se hallaban habilitados y cuya existencia conocía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.»

• «Los funcionarios aquí imputados incumplieron con los deberes que les imponía su cargo, y lo hicieron con conocimiento de ello.»