Decide ahora Corte validez de la reforma al Consejo

Cristina Kirchner defendió con dureza, aún más que para la reglamentación de los DNU, el proyecto del gobierno para reducir los miembros del Consejo de la Magistratura. Como en otros casos espinosos, todo dependerá ahora de un fallo de la Corte.

Con un cronograma electoral establecido y una reforma ya consumada la Corte Suprema de Justicia deberá ahora pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 el número de miembros del consejo de jueces y le otorgó al bloque político mayor poder en la designación y remoción de los jueces.

La decisión es trascendente: el tribunal supremo debe expedirse sobre un caso que concita el interés político del matrimonio Kirchner. La pareja presidencial fue la que mayor esfuerzo realizó para conseguir esta ley.

Debió doblegar al Congreso y exponerse públicamente. La reforma del Consejo de la Magistratura costó -si se quiere- más que la ley de «superpoderes» para Alberto Fernández. Fue uno de los pocos casos que logró juntar todo el arco ideológico opositor en una sola fotografía.

Ahora está en poder de la Corte Suprema decir si éste es un tema político de los llamados no judiciables.

Pero tendrá que hacerlo antes de que comience a moverse la maquinaria electoral. Los comicios nacionales para renovar las bancas que corresponden a jueces y abogados están agendados para el 3 y el 10 de octubre, respectivamente. El cronograma fue confeccionado en base a lo que dispone la «ley Cristina»: tres bancas para los jueces y dos para los abogados.

La intervención del tribunal supremo está precedida de dos fallos favorables al achicamiento del consejo de jueces. El primero lo dictó hace 10 días la jueza en lo Contencioso Administrativo Clara Do Pico. El segundo provino de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de ese fuero y se conoció el viernes. Ese tribunal ratificó la validez de la reforma del Consejo de la Magistratura ante un planteo de inconstitucionalidad realizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).

La resolución fue firmada por los jueces Jorge Esteban Argento y Carlos Manuel Grecco, que dejaron en claro que «la competencia para reglamentar lo atinente al Consejo de la Magistratura corresponde al Congreso Nacional».

Zona de reserva

En ese fallo los camaristas consideraron que «las valoraciones que éste haga acerca de la conveniencia del número de miembros y de la composición, tanto del órgano como de sus comisiones, pertenecen a su exclusiva zona de reserva».

La AABA había sostenido que la nueva ley viola la Constitución porque cercena los derechos de los abogados de integrar en forma equilibrada el consejo y los pone en «severa desigualdad frente a otras representaciones». Así lo afirmó el presidente de esa entidad Horacio Acevedo. En su resolución los camaristas hacen propio el criterio de la jueza Do Pico que discrepó con los abogados. La magistrada sostiene que la Constitución «no consagra la idea absoluta de igualdad ya que utiliza la expresión procurar el equilibrio y no buscar la igualdad de representaciones».

También señalan que la ley «no quebranta en forma manifiesta el equilibrio requerido por la Constitución», ya que los cuatro legisladores que lo integran (dos diputados e igual número de senadores) deben representar a la mayoría y a la primera minoría.

Para la Asociación de Abogados la importancia de la última resolución no está en la declaración de constitucionalidad de ley sino que los camaristas le otorgaron la posibilidad de llegar a la Corte Suprema.

Habilitación

En esa estrategia se anotan un punto. Aún maltratándolos con frases despreciativas como aquellas que hacen referencia a la ausencia de una «crítica seria y razonada» y de «argumentos nuevos», la Sala III técnicamente dejó en condiciones a la ABBA de exigir -vía recurso extraordinario-, un pronunciamiento del máximo Tribunal de Justicia del país.

Ahora pedirán que se habilite la feria judicial de invierno para que el expediente en cuestión esté en manos de los jueces supremos en la primera semana de agosto.