Decide un juez si indaga a De la Rúa

El fiscal del Crimen de la Capital Federal Alejandro Molina Pico pidió la declaración indagatoria de Fernando de la Rúa, Nicolás Gallo, Eduardo Delle Ville y Enrique Marcer por su responsabilidad en la comisión de presuntas irregularidades en la concesión de la Autopista Arturo Humberto Illia cuando se desempeñaban como jefe de Gobierno, secretario de Obras Públicas, secretario de Hacienda y procurador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que amenaza en convertirse en otro intríngulis judicial del Presidente y colaboradores.

La medida está a considerar, para ser aceptada o rechazada, del juez Fernando Rodríguez Lubary, quien instruye la denuncia presentada por el abogado Marcelo Gey contra la empresa Covimet que resultó concesionaria de la obra. Debido a la nueva ley de fueros, los ex funcionarios municipales actuales: Presidente, secretario general y procurador del Tesoro -el único que no tiene cargos con esa cobertura es Delle Ville- pueden ser indagados sin necesidad de ser desaforados por el Congreso y sólo en el caso de una detención recién interviene el Poder Legislativo para decidir si los entrega al juez o no.

Al señalar la relación entre Covimet y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la denuncia de la que se hace eco el fiscal pone de manifiesto que «la concesionaria habría avalado ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires, un crédito por catorce millones de pesos, mediante la cesión de los ingresos que obtuviera por el cobro de los peajes de la Autopista Illia» que une a la avenida 9 de Julio con el Aeroparque Metropolitano. Esa operación fue cuestionada porque los fondos no pertenecían a la constructora, ya que ésta los cobraba por cuenta y orden de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el Presidente como sus colaboradores están acusados de los presuntos delitos contra la fe pública y en el caso de la empresa por presunta estafa. En total, la Municipalidad habría aportado subsidios por más de u$s 100 millones para una obra que se adjudicó por decreto.

Si bien la decisión de hacer la obra data de 1989, es recién el 21 de diciembre de 1993 cuando se aprobó por Decreto municipal N° 2.085, el Acta Convenio de renegociación del Contrato de Obra Pública, para la continuación de las obras del Tramo Norte de la Autopista 9 de Julio (AV 1)». Pero el 30 de setiembre del '96 se le agregan cláusulas que establecen que Covimet reciba para sí misma el peaje, pudiendo disponer de él como más pudiere, pero sin hacer mención a los subsidios otorgados por el gobierno municipal. Un radical, Miguel Doy, presentó una denuncia por presunta «inconstitucionalidad y nulidad» de la obra pero el Superior Tribunal de Justicia porteño. Molina Pico hace hincapié en un dictamen del fiscal porteño Mandalunis en el que detalla cómo se iba ajustando el peaje a medida que avanzaban las obras y resalta el voto de la jueza municipal Alicia Ruiz, quien en minoría puso en tela de juicio los documentos firmados.

Probado

Para el fiscal nacional estaría (presuntamente) probado lo siguiente:

* « Covimet habría entregado dineros que no le pertenecían como garantía de un crédito, o que al menos, no podían ser entregados sin una expresa autorización.»

* «El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo permitió tácitamente, en transgresión de su legislación.»

* « Se produjo un decreto inconstitucional e ilegal.»

* «Sin causa lícita, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha efectuado un pago a Covimet.»

* « Covimet entregó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires en calidad de garantía, un crédito cuya causa es ilegítima.»

Por ello, Molina Pico consideró que «los hechos expuestos importan la responsabilidad penal de diversas personas, funcionarios comunales unos, y eventualmente, de la concesionaria, otros». Tales responsabilidades habrán de ser diferentes en razón de las distintas funciones y acción desempeñadas por ellos: Marcer por presunta falsificación de documentos y el no control constitucional de los convenios firmados; Delle Ville por pagos presuntamente ilegítimos a Covimet; Gallo por haber permitido presuntamente que Covimet entregara como garantías propias dineros de la Ciudad de Buenos Aires, y De la Rúa por haber permitido toda la operación, avalando documentación que no fue supervisada por la Legislatura.