La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, cuestionó la asignación fija de fiscales que actúan en juicios orales y de integrantes de los tribunales que llevan adelante los debates, y sostuvo que el sistema sería «mucho más sano si todos fuesen móviles».
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Como una declaración de guerra, la defensora oficial cuestionó duramente el sistema judicial avalado por el procurador general, Esteban Righi. El veterano jefe de los fiscales, un cultor del statu quo, sostiene a rajatabla el esquema de la inmovilidad de los representantes del Ministerio Público en los juzgados. La jefa de los defensores oficiales se refirió al proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Nación que regula el funcionamiento judicial. Habló en las jornadas sobre «Los sistemas comparados de Justicia Penal de la Argentina, Costa Rica y Japón.
Desafíos para la reforma procesal penal» en el auditorio de la Procuración General, el jueves pasado. Entre los panelistas, expuso Jun Oshino, profesor de UNAFEI, sobre «La defensa pública desde la perspectiva del juez en Japón». El clima de docencia dio pie a gruesas afirmaciones. «A diferencia de la postura de la Procuración General de la Nación, yo no estoy de acuerdo con la asignación fija de fiscales a los Tribunales de Juicio. Me parece que es una de las principales corruptelas que tiene al día de hoy nuestro sistema, y esto creo que tendría que ser motivo de una reforma, no necesita obviamente una ley», sostuvo Martínez.
Consideró que era mejor que los integrantes de los juicios orales fuesen móviles y se armaran 48 o 72 horas antes de las sesiones. Sin hacer nombres tiró un dardo envenenado: «Hay tribunales que hace 14 años tienen la misma composición» y entonces «el supuesto debate ya no existe porque todos saben lo que va a decir el colega y el debate es una farsa». «Unos conocen los argumentos de los otros, y ya están las mayorías cristalizadas.»
Que los arreglos en los tribunales son moneda corriente no es novedad para ningún abogado del foro. Es una verdad tapada que gira al compás de la endémica carencia de recursos de funcionamiento. Algo de razón la asiste a la defensora. ¿O acaso ciertas causas en tribunales que investigan violaciones a los derechos humanos no se mueven sino sólo cuando hay coincidencia de pareceres entre el juez y el fiscal? En la apreciación de la defensora Martínez, el fiscal fijo termina siendo, en el mejor de los casos, una figura decorativa que el magistrado no escucha porque conoce de antemano sus argumentos.
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