El ataque a jueces, un plan premeditado

Diana Conti

El martes 10 de enero Diana Conti concentró todo el poder absoluto del Consejo de la Magistratura mucho antes de que Néstor Kirchner lanzara el ataque sobre la Cámara de Casación Penal de la Nación. El resto de los consejeros se plegaron a la feria judicial y terminarían su verano en los primeros días de febrero. El plan de la legisladora hiperkirchnerista escapaba a la trivialidad. De eso se enteró Pablo Hirschmann, secretario general del consejo de jueces, cuando Conti le ordenó resucitar un viejo expediente que acusaba a jueces de la Cámara Nacional de Casación de «cajonear» causas que vinculaban a miembros de las Fuerzas Armadas con crímenes de lesa humanidad.

Ese expediente lo había confeccionado antes de irse el abogado Beinusz Szmuckler, quien pidió una auditoría del tribunal para conocer el estado de las causas de terrorismo de Estado. Pero, la anterior composición desistió de tratarlo. Conti ignoró esa desidia. Instruyó a Hirschmann a renovar el fenecido expediente y con esmero apuntó el tema Derechos Humanos/Casación en la agenda de la Comisión de Acusación y Disciplina que preside.

Reclamo

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, ex abogado personal del Presidente y jefe de todos los fiscales, les reclamó a sus cuatro fiscales (Raúl Plee, Ricardo Weschler, Pedro Narvaiz y Juan Martín Romero Victorica) casi lo mismo: la confección de un informe que describiera la cantidad de causas que se encontraban demoradas en la Cámara de Casación.

De ese registro surgió que había casi 200 trámites demorados en que retrasaban juicios y que una de las salas del tribunal tenía a su cargo 93 expedientes, entre ellas la que pertenece a la defensa de Alfredo Astiz desde agosto de 2004.

El plan para desalojar a los jueces estaba en marcha. La Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país. Sus fallos sólo pueden ser revocados por la Corte Suprema de Justicia. Imposible, entonces, imaginar que Diana Conti avanzara sobre esos magistrados sin una orden explícita de la Casa Rosada. La diputada es la delegada del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, donde se nombra y se echan jueces.

Un mes después, el 19 de febrero, la consejera emitió una nota al presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, para que «a la mayor brevedad posible» informara el estado de las causas y/o incidentes por las que se investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura militar que se encuentren radicadas en ese tribunal.

La nota, además de la firma de Conti, lleva la rúbrica de la secretaria de la Comisión de Acusación y Disciplina, Susana Verteréis (esposa de uno de los asesores letrados del juez supremo Juan Carlos Maqueda), señala que en ese informe se debe indicar: «sala interviniente, número de registro en esa cámara; número de expediente de instrucción; carátula y juzgado de origen: fecha de ingreso a la sala y fecha del planteo original realizado en instrucción: objeto del recurso; partes intervinientes; estado procesal actual y actos procesales pendientes de producción. Asimismo se solicita que dicha información sea actualizada mensualmente».

La diputada Conti impuso su deseo, pese a algunas objeciones de sus pares. Fue el caso del camarista Luis María Bunge Campos que durante la discusión consideró que si se iba a pedir un informe a Casación sobre el estado de las causas militares se reclamara por todos los expedientes. Incluso se votó para que no se hiciera una actualización mensual. Pero la consejera igual remitió el oficio.

Informe

El 21 de febrero, Bisordi le requirió a todas las salas un informe del estado de las causas militares haciendo saber que era un pedido de la presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo. Ese legajo reúne una treintena de páginas y demoró en confeccionarse unos 15 días. El primero en responder fue la Sala II y el último la Sala III. En la respuesta se especifica que la mayoría de los expedientes ingresaron a ese tribunal después de junio de 2006 y que un elevado porcentaje lo hizo en el transcurso de 2007. Por ejemplo, la Sala IV -la más cuestionada de todas- registró el ingreso de 23 causas en 2005; unas 53 en 2006 y 29 en lo que va de 2007 por violaciones a los derechos humanos en la década del '70.

El discurso presidencial durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso llamando la atención a la Cámarade Casación para que se pronuncie sobre los juicios a militares fue la otra parte de la tenaza para ir comprimiendo la salida de los magistrados a los que se aludió sin nombres ni apellidos. El 9 de marzo los doce miembros de la Cámara de Casación, acordaron que se buscara una entrevista con el presidente del Consejo de la Magistratura, el abogado Pablo Mosca, y se le explicara personalmente el contenido del informe que se le había girado a la diputada Conti.

Un relator de ese encuentro le dijo a este diario que Mosca se sintió avergonzado por ese pedido de informes. El abogado suele padecer de esos atropellos. La dupla Conti-Carlos Kunkel, el otro comisario del kirchnerismo en la Magistratura, suelen manejar el consejo por arriba del consejo. Esa metodología ya molesta en la Corte Suprema y algunos jueces han recomendado que se asegure un mayor contacto presidente/ presidente. Es decir, Ricardo Lorenzetti-Pablo Mosca. El abogado recibió la carpeta de Casación con un oficio adjunto donde el tribunal hace constar que el trámite regular de las causas con las que se vincula la información solicitada «coexiste con un incesanteaumento en el ingreso de asuntos -3.598 en 2005; 5.959 en 2006 y 783 sólo en lo que va de 2007- que deben ser atendidos con prácticamente los mismos recursos materiales y humanos de hace 15 años».

Los jueces de la Casación se habían juramentado, pese que hay muchos peleados entre ellos, guardar silencio y mantener un perfil bajo a sabiendas que se preparaba una estocada. Efectivamente así sucedió. Cuatro días antes del 31 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo de 61 sobrevivientes de aquella época reclamaron la destitución de Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, de Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. Conti, que promueve los juicios políticos, consideró que esa denuncia «aporta en concreto situaciones de clara reticencia de los jueces de Casación para avanzar. En algunos casos -remarcó- se advierte favoritismo ideológico por los represores».

El broche lo pondría Néstor Kirchner en el discurso realizado en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, Córdoba para embestir contra la Cámara de Casación con una bandera que condiciona al arco opositor en la discusión: la de los derechos humanos y el enjuiciamiento a los militares.