Estudia ya la Corte escrito acusador de los diputados

Los jueces de la Corte analizan desde el fin de semana los ocho expedientes que les envió el jueves por la noche la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con las principales acusaciones para provocar su destitución. La mayoría de ellos cruzó consultas y cree ya que la acusación carece de fundamentos jurídicos de peso y se extiende más bien en consideraciones de tipo político. Se los acusa, por caso, por tener una mala imagen y haber actuado sin tener en cuenta la situación económica del país para preservar su imagen como acto político de la Corte. La acusación reconoce, sin embargo, que los jueces actuaron con respeto por la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y del debido proceso. Ahora, los acusados deberán responder dentro los perentorios plazos previstos ya que la Comisión de Juicio Político no respondió aún al pedido de postergación que hicieron Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López.

Los conocidos fallos sobre el «corralito» financiero -casos Smith y Kiper-, la venta de armas a Croacia y a Ecuador y el atentado contra la Embajada de Israel forman el cuerpo central de la acusación. A ello se le agregan consideraciones sobre mal desempeño, (presunto) desprestigio y mala fama sobre la base de opiniones de abogados, otros jueces, políticos y medios de prensa; supuestas irregularidades administrativas y presunto uso indebido de vehículos secuestrados de acuerdo con lo que establece la legislación. Otros cargos son presuntos traslados arbitrarios de personal y nepotismo en la designación de agentes, autovoto del presidente y vicepresidente cuando se eligieron las autoridades de la Corte, falta de excusaciones y autoeximición de las obligaciones tributarias.

Los escritos contienen consideraciones hasta de tipo personal como el que formula la diputada del ARI, Elisa Carrió, contra Enrique Petracchi al analizar el proceso del rebalanceo telefónico. Contra Adolfo Vázquez y Nazareno se carga sobre su negativa a apartarse en la causa de las armas. En este expediente, el denunciante es el diputado ex cavallista devenido en duhaldista Franco Caviglia, quien hace blanco contra Augusto Belluscio por un presunto agradecimiento del juez al ex presidente. En este caso, imputan cargos a todos los jueces: a Nazareno y a Vázquez por no haberse apartado por sus presuntas relaciones con Carlos Menem y al resto por no haber exigido ese apartamiento. Los cargos son de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (fallar contrariamente a la ley). La acusación contiene un pormenorizado detalle de todo el proceso que investigaron el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli. Si bien se critica a los jueces por el fallo, en contradicción se lo califica de bueno.

Otro fallo que motivó la acusación contra la Corte es el rechazo a la obligatoriedad de jubilarse por parte del juez Carlos Fayt por ser mayor de 75 años de edad, confirmando fallos de primera y segunda instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal también es parte de la acusación de juicio político. Le siguen imputaciones de presuntos fallos «en contra de los intereses de los trabajadores» y se refieren concretamente a un fallo de la Corte que le impidió a la Municipalidad de La Matanza cobrarles impuestos a las empresas. Se retrotraen también los casos de Aerolíneas y Aeropuertos y de nuevo se lo acusa a Petracchi. Otra acusación a todos los jueces son por los fallos contra el periodista Horacio Verbitsky y la revista «Noticias» que fueron querellados por Menem.

También se les imputó haber cobrado sus sueldos en dinero en efectivo sin ser afectados por «el corralito bancario». A Belluscio se le reprocha haber dicho que «se sentía asqueado» y por rechazar el número de miembros de la Corte de 5 a 9 « pero después lo votó a Nazareno para presidente de la Corte y fue el relator de la causa Yoma» que excarceló el ex presidente y a su ex cuñado por la venta de armas. A Bossert se le reprocha que se excusó en todas las causas importantes, pero que no lo exime de su responsabilidad. Un dato que llamó la atención a los jueces acusados es que todas las denuncias están armadas con fecha posterior al 1 de febrero de este año cuando la Corte liberó al «corralito».