Giro: complicará a Menem que Urso concentre la investigación
Los abogados de Menem recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia
La Sala II de la Cámara Federal Penal porteña resolvió sorpresivamente ayer unificar a todas las causas en las cuales está imputado y/o investigado Carlos Menem por la venta, supuestamente ilegal, de armas a Croacia y a Ecuador. La decisión incluye al juicio por presunta jefatura de asociación ilícita y otros delitos menores que se tramitan en el juzgado federal del cuestionado Jorge Urso y las dos instrucciones por presunto contrabando que llevan adelante en el fuero Penal Económico, los jueces Julio Speroni y Guillermo Tiscornia. En este último caso aún no hay juez definitivo porque Tiscornia se excusó de seguir investigando, y a quien le tocó -Julio Cruciani- la rechazó. De todos modos, anoche los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi la calificaron de «arbitraria» y decidieron ir en recurso extraordinario ante la Corte porque consideran que Menem es el principal perjudicado al tener que seguir esperando preso en la quinta de Don Torcuato una definición de su situación procesal.
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En las cercanías de los despachos de Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani se dijo que la decisión obedeció a la necesidad de garantizar el debido derecho de la defensa en juicio porque se estaban dando casos donde un juez procesaba y el otro sobreseía. Como ejemplo de ello se mencionan los casos de una despachante de Aduana en Fabricaciones Militares, Teresa Irañeta de Cantereni, que llegó a soportar prisión preventiva por una decisión del juez Speroni y Urso tomó una decisión diametralmente opuesta.
Lo mismo ocurrió con el subsecretario de Defensa, Carlos Carballo, que se encuentra con falta de mérito por orden de esta misma Sala, pero la cuestionada Sala B de Penal Económico lo metió preso después de que Speroni lo había procesado pero sin prisión preventiva.
• Contradicciones
Este cuadro contradictorio -según esos voceros- ya fue hecho notar por esa cámara el 4 de abril pasado y, ahora, adquiere mayor gravedad porque se encuentran presos un ex presidente, un ex ministro de Defensa (Antonio Erman González) y un ex jefe del Ejército ( Martín Balza). Estos últimos se encuentran procesados y con prisión preventiva en el juzgado de Speroni y en lo de Urso pero sin confirmación en ninguna de las dos cámaras respectivas. Esta situación hizo que surgieran críticas por parte de los abogados defensores de los detenidos porque la decisión de los camaristas federales posterga por varias semanas, incluso meses, la posibilidad de excarcelación para algunos de ellos.
Pero para los camaristas no se podía adoptar una decisión tan trascendente como es la libertad o la prisión de un ex presidente, sino tenían ante sí todo el cuadro probatorio aunque al valorar la jurisdicción acordaron que todos los expedientes se unifiquen en el fuero federal porque fue la primera cámara que intervino en el juicio y porque se sustancian causas conexas como presunto enriquecimiento ilícito, en el que se debe seguir la ruta del dinero para lo cuál se debe solicitar la colaboración de jueces extranjeros. Sin embargo en este punto, no resolvieron el pedido de apartamiento que los abogados de Menem -a Roger y Salvi se les sumó César Arias- le hicieron a Urso. En defensa de esta tardanza se argumentó que la Sala I de Luisa Riva Aramayo, pero, fundamentalmente Horacio Vigliani que la preside, recién le mandó el expediente ahora y se quedó con el que pide que este presunto delito -enriquecimiento ilícito- lo siga investigando Juan José Galeano que lo tenía en una fecha anterior a Urso.
Por lo pronto, el incidente no tendrá una resolución fácil porque desde ya Speroni adelantó su oposición a la disposición de la Cámara Federal. El juez de primera instancia se basa en que los mismos camaristas reconocen que el controvertido Urso « no adoptó ningún temperamento ni las partes promovieron acciones» tendientes a unificar la causa en un solo fuero. Pero, además, reconocieron que « el contrabando resulta ser la figura que atrae a los delitos que con él concurren». Tampoco se cree que la criticada Sala B - Marcos Grabviker, Juan Pizzatelli y Roberto Hornos- accedan fácilmente. Para ello se analiza que fue esta cámara quien pidió la indagatoria de Menem y Emir Yoma por contrabando.
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