Harán propuesta para destrabar dinero de San Luis en el Nación

Adolfo Vázquez le hará llegar hoy a sus pares una propuesta para destrabar el conflicto judicial entre San Luis y el Banco de la Nación por un depósito retenido de esa provincia por u$s 234 millones. Vázquez es uno de los jueces de la Corte, que se inclina por devolver a San Luis y extensivo al resto de los ahorristas, algún título público dolarizado que pueda hacer respetar el derecho a la propiedad garantizado por la Constitución, un límite que se ha juramentado no trasponer. La base del conflicto entre San Luis y la Nación está dado por la disimilitud de las posiciones de ambas partes: la provincia pretendía cobrar el plazo fijo en dólares a la cotización del mercado libre y el Banco Nación quiere pagar en pesos a un dólar de $ 1,40.

De todos modos, hasta anoche, aún analizaba la conveniencia de aplicar un título dolarizado o certificados de pago por parte del Banco Nación, pero garantizado por la Nación en base a la variación del dólar. Con ese «menú» acordaron ayer operadores de la gobernación puntana que se reunieron con el juez de la Corte, quienes también exploraron la posibilidad de que la Nación haga algún pago en efectivo, se entreguen bienes del banco en la provincia de San Luis, o se concilien deudas provinciales con el Estado nacional. Pero cualquiera de las formas que se definan no deben excluir el beneficio de «excusión» en favor de los puntanos. Para Vázquez esta fórmula le permitirá al acreedor ejecutar bienes del deudor en caso de impago y si quedara un remanente de la deuda debe ser honrado por el Estado nacional.

• Presiones molestas

Después se tomará una licencia de un mes, en principio, disconforme con la presión que existe sobre la Corte por parte de la comisión de Juicio Político, según lo explicó en el Acuerdo del martes. En esa reunión habló de que «la Corte se ha convertido en un rehén de la Comisión de Juicio Político, lo que les impide a los jueces administrar Justicia con tranquilidad e independencia», llegándose a comparar esta situación que soporta el Poder Judicial como propia de un régimen de facto y no dentro de un sistema democrático donde debería regir la división de poderes y el apego al cumplimiento de las normas constitucionales.

Pero Vázquez no es el único juez molesto con la forma como el Ejecutivo y el Congreso se relacionan con el Poder Judicial: varios jueces y camaristas que no suelen coincidir con la Corte expresaron su desagrado que se agravó cuando trascendió el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia que pretendía poner fin al goteo de los depósitos bancarios pero que Eduardo Duhalde -alertado oportunamente por este malestar- no llegó a firmar. La irritación judicial se centró sobre lo que se considera una inaceptable intromisión de la potestad de los jueces para interpretar y hacer cumplir las leyes y a la propia Constitución, fundamentalmente en lo que hace a los amparos, una prerrogativa que muchos jueces hasta arriesgaron su vida durante el Proceso militar.

Pero no es el único caso que predispone a la familia judicial en contra del Poder Ejecutivo. La remisión al Congreso de los proyectos que proponen la aplicación del impuesto a las ganancias a los jueces y la jubilación anticipada por parte del ministro de Justicia, Jorge Reynaldo Vanossi -su cotización en Tribunales se devaluó junto con el peso- son otros frentes abiertos que predisponen negativamente a la magistratura. Sobre ambas medidas, los jueces anteponen que se vuelven a violar garantías constitucionales como la intangibilidad de los salarios de los magistrados y la estabilidad en el cargo salvo juicio político mediante. De lo contrario -arguyen- que se borraría la independencia y autonomía de los jueces sujetos a una presión insostenible por parte de los otros dos poderes.

Esos puntos serán tratados la semana próxima por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial que se reunirán con los senadores Jorge Yoma y Miguel Pichetto pese a que ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Fernández de Kirchner aprobó la media sanción para aplicar el impuesto a las ganancias a los jueces.