Un juez del Chaco acusado de otorgar amparos de manera irregular para burlar el "corralito" será indagado por el juez de la Capital Federal Mariano Berges. Este magistrado -además- ordenó la captura de un secretario judicial y de cuatro abogados -dos chaqueños, un cordobés y otro porteño- por haber cobrado presuntas coimas, entre otros graves delitos. Sólo los fueros que ostenta el juez Daniel Freites, de la ciudad de Roque Sáenz Peña, impidieron que Berges lo detuviera ayer, aunque después de la indagatoria podrá pedir su desafuero a la Legislatura provincial. Este mismo juez junto con otros dos pares de la misma localidad fueron denunciados por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco ante el Jury de Enjuiciamiento provincial, que abrió otro proceso administrativo.
El juez de Instrucción de Capital Federal Mariano Berges ordenó ayer la indagatoria del juez provincial del Chaco Daniel Freites y la captura del secretario de ese juzgado, situado en la ciudad de Roque Sáenz Peña, Orlando Geraldi, y de cuatro abogados que se encuentran prófugos. La medida fue dispuesta a raíz de las sospechas del juez de que los mencionados cometieron los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho (coimas) y tráfico de influencias al haber otorgado cientos de medidas cautelares a ahorristas que tenían depósitos en el «corralito» pero que -en la gran mayoría de los casos- viven fuera de la provincia. Freites se salvó de ser detenido por su condición de magistrado, hasta tanto la Legislatura provincial no le quite los fueros correspondientes.
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Los abogados cuya detención se ordenó son Aldo Cabañas, Oscar Olivieri, de la provincia del Chaco; Roxana Batista, quien se desempeña en la Capital Federal. Freites fue suspendido en sus funciones por el Superior Tribunal de Justicia provincial, acusado de haber cometidos gruesos errores procesales en el otorgamiento de estos recursos de amparo que -en algunos casos- llegaron a cifras millonarias.
Junto a este juez, el STJ decidió suspender y acusar ante el Jurado de Enjuiciamiento a otros magistrados provinciales: el juez en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Presidencia Roque Sáenz Peña Daniel Joaquín Fernández Asselle y la jueza en lo Correccional de Charata Estela Amelia Ponce -quien intervino como subrogante en causas tramitadas ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral charatense-. Otros jueces -Juan Zaloff Dakoff y Hugo Oziska- también son investigados por la Corte chaqueña y en medios judiciales y periodísticos provinciales se espera que ambos sean acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento. Zaloff Dakoff es juez civil de Presidencia Roque Sáenz Peña y dictó 78 fallos a favor de los ahorristas para que puedan saltar el «corralito» mientras que Hugo Oziska -juez laboral, también de Sáenz Peña- dictó 149 resoluciones que están bajo sospecha y sobre las cuales recién se adoptarán decisiones en una semana.
El mismo Superior Tribunal de Justicia del Chaco aportó información a Berges sobre centenares de amparos resueltos en toda la provincia y acerca de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en su tramitación. Por eso, la semana pasada Berges solicitó al juez federal del Chaco Carlos Skidelsky que allanara los estudios de los abogados de esa provincia presuntamente involucrados en la causa.
• Paradoja
Paradójicamente, Skidelsky fue denunciado, a su vez, por un juez de Azul ante el Consejo de la Magistratura porque otorgó amparos a ahorristas de esa jurisdicción bonaerense. Por este caso, desde el Consejo se envió la denuncia a la Comisión de Acusación, que aún no se ha definido. La causa penal que tiene ahora Berges se inició a raíz de la denuncia del médico cordobés Carlos Curet, quien acusó al banco HSBC por administración fraudulenta y retención indebida, en virtud de que la entidad, en la Capital Federal, se negó a cumplir con una medida cautelar por u$s 1.750.000 que otorgó en el Chaco el juez Freites.
El médico había obtenido el amparo tras explicar que el dinero correspondiente a tres plazos fijos -el mayor de ellos por casi u$s 1.500.000- lo había ingresado a la Argentina en 1999, cuando, tras un tiempo de residencia en Estados Unidos, se radicó nuevamente en Córdoba. Esos fondos fueron transferidos a la sucursal del HSBC en la capital cordobesa pero un abogado de su familia aconsejó a Curet que promoviera la acción de amparo en el Chaco, una jurisdicción desde hace tiempo famosa por la facilidad con que se conseguían, en sus tribunales, recursos de amparo.
Por esas raras ironías, Curet con su denuncia entregó a Freites porque, al resistir el HSBC en la Capital Federal el cumplimiento de la disposición del juez chaqueño -un hecho que llamó poderosamente la atención- en base a la aplicación de la Ley 25.587 -«ley antigoteo»-, abrió la investigación penal a cargo de Berges que puede terminar con su colega en la cárcel si se comprueban los delitos de retención indebida y administración fraudulenta, de los que está acusado.
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