Jueces denuncian norma que discrimina en clases A y B

Una áspera polémica cuyo final aún es imprevisible mantiene enfrentados a los jueces con algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura. La controversia tiene su génesis en la presentación de un proyecto que impulsa el criterio de privilegiar con mayor puntaje en los concursos a los jueces que han sido nombrados por el Consejo de la Magistratura, es decir, con posterioridad a la reforma constitucional de 1994.

La intención mereció la rápida objeción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (nuclea tanto a jueces como fiscales, defensores y secretarios) que ya planteó que su aprobación traería aparejada más incongruencias institucionales y prácticas que ventajas. Es más, de salir la decisión oficial, algunos jueces estarían dispuestos a radicar una denuncia penal por discriminación. Un dato importante: casi 90% de los jueces que actualmente ejercen sus funciones fueron designados por el anterior sistema.

El último gran choque ocurrió hace pocos días en terrenos propios del Consejo de la Magistratura donde los jueces concurrieron para materializar su oposición al proyecto.

•Tono subido

Aunque en tono majestuoso (propio de los abogados) el cónclave estuvo teñido de tonos verbales subidos. Allí los magistrados le dejaron en claro al presidente de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, Eduardo Orio, que el controvertido plan crea:

• Una desigualdad jurídica porque importa una categorización de magistrados no admitida por el sistema constitucional vigente que contribuye a una posible desvalorización de la mayoría de los jueces, fiscales y defensores que «proyectaría inseguridad jurídica hacia los justiciables al estar frente a decisiones de jueces en alguna medida descalificados. En tal sentido, afirman que esa desigualdad resulta de imposible superación por parte de quienes cuentan con acuerdo o designación anterior al régimen de la Constitución Nacional reformada en 1994».

• Sostienen, además, que la especial preferencia por quienes accedieron al cargo por el sistema de concursos aparece como inadecuada frente a los que habiendo concursado acreditaron idoneidad para el cargo con el puntaje obtenido pero, ya fuera porque otro fue elegido por el Poder Ejecutivo o porque quienes más puntajes obtuvieron, no fueron designados.

«En el supuesto de admitirse, como se ha sostenido que la Convención Constituyente de 1994 formuló un 'reproche constitucional' al anterior sistema (criterio discutible porque no se estaba en pugna con los principios republicanos y democráticos de la Constitución), no puede esto trasladarse a quienes fueron designados por un procedimiento que tenía distintos requisitos y que dio una historia de grandes jueces en la República», sostiene la Asociación de Magistrados que preside el juez Miguel Angel Caminos.

Una postura similar a los magistrados, pero contraria a sus compañeros de comisión del Consejo de la Magistratura esgrimió la semana pasada el diputado Jorge Casanovas que lisamente calificó al proyecto de «discriminatorio».

« Viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que establece un privilegio en favor de los jueces designados por este Consejo, en perjuicio de los magistrados judiciales y del Ministerio Público que accedieron a sus cargos legítimamente de conformidad con el sistema constitucional vigente en su momento», sostiene Casanovas.

Quienes están en la discusión sostienen que aplicar un sistema de este orden podría implicar la creación de requisitos para otras situaciones que podrían resultar hasta irritativas, como la inclusión, por caso, de condiciones para ser consejero, miembros del jurado de enjuiciamiento, y hasta discutir cuáles jueces serían los más calificados para integrar las listas de jurados para los concursos ante el Consejo de la Magistratura.