Pocas veces la Corte Suprema logró reunir el apoyo casi unánime de los jueces inferiores. Ese tribunal había generado cierta desconfianza por decisiones ajustadas con demasía a los intereses de la administración Kirchner. Sospechaban los magistrados de un recambio de la mayoría automática menemista por otra kirchnerista. Sin embargo, el gesto de la Corte de separarse de la presión que el gobierno está ejerciendo contra la Cámara de Casación la hizo acreedora de un cheque de confianza.
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Ayer, los integrantes de las juntas de presidentes de las cámaras nacionales y federales de todo el país se reunieron con el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, para expresarle su preocupación por las embestidas de la Casa Rosada contra algunos miembros del Poder Judicial. Fue obvio que los jueces sintieron que la Corte se había involucrado más que de costumbre, por eso el acto simbólico de golpear en masa el despacho del supremo Lorenzetti.
El gobierno lanzó el sábado, desde un centro clandestino de detención, la ofensiva contra la Cámara de Casación, a la que acusó de no actuar con rapidez en juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Antes, representantes del oficialismo habían ingresado un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura.
La tensión creció cuando los laderos presidenciales Aníbal Fernández y Carlos Kunkel le reclamaron abiertamente la renuncia al presidente de ese tribunal, Alfredo Bisordi. Hasta lo acusaron de ideologizar sus fallos.
La Corte salió, entonces, a pedirle mesura y equilibrio al gobierno. Ante Lorenzetti los camaristas consideraron que los cuestionamientos del gobierno constituyen una injerencia de otros poderes del Estado.
Del encuentro participaron todos los miembros del cuerpo, a excepción del camarista de La Plata Leopoldo Shiffrin y de Bisordi, quien es parte interesada en el conflicto.
El mismo malón de jueces había pasado el día anterior por el Consejo de la Magistratura. Allí lo recibió Pablo Mosca, presidente del cuerpo, los jueces Luis Cabral y Luis María Bunge Campo. Estaba también el abogado Santiago Montaña.
En ese cónclave se guardó silencio sobre los empellones presidenciales contra los jueces. No obstante, los magistrados se quejaron por el estado de los edificios, la falta de personal y los juzgados habilitados que no se abren por falta de partida presupuestaria. Fue un sutil mensaje al gobierno: «Se quejan por las demoras en la causas pero nos niegan recursos para evitar que los expedientes caigan en mora».
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