Juez cuestiona al Ejecutivo, le atribuye suma de poder público

El juez de la Casación penal Alfredo Bisordi rechazó ayer el pedido de un ministro de Kirchner para que renuncie al cargo. Fue después de acusar al Presidente de presionar a la Justicia como nunca antes. El gobierno busca capturar el máximo tribunal en lo penal y mostrar en campaña a militares en salas de juzgamiento. La agresividad sin frenos del gobierno hacia un sector de la Justicia que cree no responde a sus intenciones la coronó el locuaz ministro Aníbal Fernández cuando pidió lisa y llanamente la renuncia del presidente de la Cámara Nacional de Casación, Alfredo Bisordi. ¿Por demorar causas a ex militares, como argumentó desde una tribuna, airado, el Presidente el viernes pasado? No, por haber osado este magistrado contestar las presiones y las amenazas de juicio político. Tras avanzar sobre la Corte y el Consejo de la Magistratura, ahora intenta con Casación. Se espera que la Corte Suprema, que opina de tantos temas -cárceles, Riachuelo, jubilaciones- diga algo sobre esta lesión a la Justicia.

Primero, el presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, reaccionó a las críticas de Néstor Kirchner advirtiendo sobre la peligrosa «intromisión» del gobierno en la labor de los tribunales. «Por este camino vamos a la suma del poder público», sentenció.

Después, la respuesta. Provino de boca del ministro del Interior, Aníbal Fernández: «Doctor Bisordi: ¿por qué no renuncia?, renuncie, váyase... Hágale un bien a la Patria».

El enfrentamiento entre el gobierno y la Cámara de Casación ingresó en terreno fangoso y sin retorno. Ya el sábado el Presidente había acusado a los jueces de demorar las causas por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Ayer dio otro paso desaforado al reclamar (por radio) la renuncia de un magistrado que ocupa la jefatura del principal tribunal penal del país.

La presión del presidente sobre los tribunales hizo que los jueces estrecharan filas de norte a sur. Ven en las palabras de Kirchner una «coerción».

Casi hubo una rebelión de jueces. En la Cámara de Casación se sucedieron las reuniones.

Algunas a escondidas y otras no tanto. Incluso se tanteó la posibilidad de emitir una acordada con un pronunciamiento contra las expresiones de Kirchner. La propuesta no prosperó porque algunos camaristas consideraron que la agresión no era el camino correcto. Además algunos (como Ana María Capolupo) están en condiciones o quieren jubilarse este año. En rigor, los jueces instalados en los tribunales de Retiro esperaban que la Corte saliera a defender la independencia del Poder Judicial. Pero del céntrico Palacio de Justicia no se escuchó ninguna voz.

Fiscales

Quienes sí se pronunciaron fueron los fiscales. Ayer unos 15 representantes de todas las regiones que integran el Consejo Directivo de Asociación de Fiscales y Funcionarios aprobaron por unanimidad un documento crítico al gobierno. No fue un cónclave especial sino que coincidió con la reunión mensual. Sin embargo, sirvió para el análisis y la catarsis. Consideraron los fiscales que sus expresiones «interfieren con la serenidad de espíritu» con la que los jueces y fiscales deben afrontar su función constitucional de administrar justicia.

«Además implican un avancedel Poder Ejecutivo que atenta contra la forma republicana de gobierno, la cual debería ser consolidada por el Presidente de la Nación, en lugar de realizar actos que puedan atentar contra la división de poderes», sostuvieron en un documento firmado por los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, presidente y secretario general, respectivamente, de ese agrupamiento judicial.

El sábado durante el acto oficial por los 31 años del golpe de Estado de 1976 Kirchner había planteado: «¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados juicios que deberían estar en marcha?», en referencia a los 193 recursos de apelación impulsados por militares, algunos de los cuales datan de 2003 y aún no han sido resueltos por el tribunal.

«Yo tengo una antigüedad de 40 años de servicio. Durante todo ese lapso, en que tuvimos gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión como la del ahora Presidente de la República», sostuvo el titular del principal tribunal penal del país.

Bisordi fue el único juez que enfrentó públicamente al gobierno: «No nos agrada que nos nombre el Presidente, ni nos sentimos importantes por ello. Pero me agradaría que el Presidente se informara de las cosas antes de largar acusaciones».

En ese sentido, subrayó que «la Cámara de Casación está desbordada» y a modo de ejemplo recordó que «en el año 2006 ingresaron más de 5.000 causas, y ahora en lo que va de 2007 hay más de 1.000. En esta situación, es muy difícil emitir fallos».

«No es que demos excusas sino que en las causas de derechos humanos propiamente dichas están inmiscuidas en una infinidad de otras causas. Diariamente, en todas las salas de Casación -que son cuatro-, ingresan más de 40 causas», añadió. Después de estas declaraciones, llegó la verborragia de Aníbal Fernández: «Este hombre (por Bisordi) pone al Presidente elegido por la voluntad popular por debajo de asesinos como Onganía, Videla, Viola, Bignone...».

Y atacó: «Doctor Bisordi: ¿por qué no renuncia?

«No voy a renunciar de ninguna manera», contraatacó después Bisordi y añadió que si llegase a ser destituido será «a través de los mecanismos de juicio político».

En la misma línea de Kirchner, el ministro Fernández aseguró que en Casación hay causas que están durmiendo desde 2003 sin que ese tribunal se expida. Además denunció la intencionalidad de los jueces en congelar esos expedientes.

«Cuando las causas se mueren porque prescriben o llevan millones de años en los cajones porque ustedes (los magistrados) no le prestan atención, uno tiene que inferir que hay otras razones que los están conduciendo», concluyó.

Lo que nadie ha dicho todavía es que el juez Bisordi fue recusado por los organismos de los derechos humanos. Por lo tanto, no puede intervenir en ninguna causa relacionada con los crímenes cometidos en la década del 70.