Juez de la Corte presentó amparo contra diputados

Adolfo Vázquez presentó ayer un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se paralice el juicio político en su contra como juez de la Corte Suprema por entender que no se le otorgan las debidas garantías constitucionales de la defensa en juicio. El juez de la Corte argumentó a través de su abogado Virgilio Loiácono que la falta de respuesta a varios requerimientos que hizo a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados le impide armar su defensa, lo que pone en una situación de indefensión que se encuentra expresamente prohibido en el Código Penal y en las garantías que otorga a los ciudadanos la Carta Magna. Por otro lado, ayer continuaron contactos extraoficiales entre operadores del gobierno y abogados de los jueces para buscar una salida honrosa a las dos partes, aunque el mensaje de la mayoría de los jueces fue de que no habrá negociación bajo la presión del juicio político.

La decisión de Vázquez de recurrir al propio Poder Judicial es la primera que se produce en esas instancias y cambia el eje de la defensa ejercida hasta este momento: impugnaciones a los diputados, por un lado y el requerimiento de apoyo internacional, por el otro. En ese sentido, se supo que desde las Naciones Unidas se anticipó que se enviará a un veedor para observar el proceso desatado en diputados con el indisimulado apoyo de sectores del gobierno de Eduardo Duhalde, pese a las manifestaciones del ministro de Justicia, Jorge Vanossi, de que el Poder Ejecutivo es totalmente prescindente de este conflicto de poderes. Sin embargo, en la Corte guardan cartas importantes, como la de un probable apoyo de la Corte de EE. UU. y otros organismos internacionales de Derecho y de gobiernos extranjeros.

El requerimiento de Vázquez a los diputados tiene 31 puntos que pretende conocer la cantidad de comisiones y legisladores que la integran; cantidad y nombre de asesores, así como de empleados permanentes de cada una de ellas; nombre de los legisladores que nombraron esos empleados y remuneración que perciben por todo concepto, explicando cuáles son sus funciones; cantidad de personal de planta permanente, temporario o contratado en todas los organismos de la cámara; descripción detallada del parque automotor y cargo; fecha de designación y sueldo de los choferes. También pide que se le informe la cantidad de proyectos de ley ingresados en la Cámara de Diputados desde 1990 a la fecha e indicando cuáles fueron presentados por los ciudadanos, por el Poder Ejecutivo, por el Senado y por los propios diputados.

•Negativa

Otra señal de endurecimiento de la Corte con los diputados es la negativa de enviarle a la Comisión las declaraciones juradas de los máximos jueces. En nota al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño -obviando al polémico Sergio Acevedo-, se le informa que los diputados deben ir a la Corte para informarse. Los máximos jueces, con esta respuesta, obviaron, a la Comisión de Juicio Político, que había realizado ese requerimiento. También la cabeza del tercer poder del Estado recuerda que es la autoridad de aplicación para el cumplimiento de estas obligaciones que tienen todos los integrantes de la Justicia de acuerdo con lo establecido en la Ley 25.188.

Esa norma establece -«lo que aquí interesa», advierten los ministros judiciales-que «en cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copias de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante; b) nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de la cuál se solicita la declaración; c) el objeto que motiva la petición y el destino que dará al informe; y d) la declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 11 de esta ley referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal». La mayoría de los jueces -no sólo los de la Corte-se niega a estas aperturas en sus declaraciones sin pedido de un par competente y en el marco de una causa judicial, porque entiende que se puede prestar para presuntas extorsiones o atacar la independencia de la Magistratura.