Juicio político: la Corte llevó a EE.UU. su defensa

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Vázquez llevaron, ante una cumbre de presidentes de Corte americanas y directores de medios periodísticos del continente que se realizó en Washington, la situación actual de la cabeza del Poder Judicial argentino a partir del pedido de juicio político por parte de la Cámara de Diputados a iniciativa del Poder Ejecutivo. Ambos jueces sostuvieron que dicho enjuiciamiento «se originó pura y exclusivamente por defender el derecho a la propiedad privada y todas las demás garantías individuales que habían sido vulneradas por imposición del Decreto 1.579/01 (de Fernando de la Rúa-Domingo Cavallo) y agravados por la sanción de la Ley de Emergencia Económica (gobierno de Eduardo Duhalde). Moliné O'Connor y Vázquez fueron para exponer, ante la Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas, sobre la relación de los medios con la Justicia. Una pregunta del presidente del plenario -el juez Stephen Breyer de la Corte de los Estados Unidos-les dio luz verde para ejercer su defensa en tan selecto e influyente auditorio. El encuentro fue organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con la intención de «crear un diálogo entre los jueces y los periodistas, que fomente un mayor apoyo a la libertad de prensa y de expresión». Asistieron presidentes o vices de las cortes supremas de Justicia de los siguientes países: Argentina, Aruba, Antillas Holandesas, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay, Guatemala, Haití, Paraguay y Venezuela. La única inasistencia la registró Brasil, que no informó sobre las causas de su ausencia.
Un resumen de la expresado por los jueces argentinos en esa cumbre reseña lo siguiente: «La Corte se vio sometida a un juicio político pura y exclusivamente por defender el derecho a la propiedad privada y todas las demás garantías individuales que habían sido vulneradas a raíz del Decreto 1.570.»

• «Este hecho resultó menor porque no había depreciado ni requisado los fondos, pero la situación se agravó con la Ley de emergencia Económica de enero de este año, cuando directamente se requisaron los fondos depositados y se pretendió devolver los mismos en un plazo irrazonablemente extenso sumado a una devaluación que llevó el valor de los depósitos en dólares a un tercio de su valor.»

• «Frente a ello, la Corte reaccionó declarando la inconstitucionalidad de la ley por ser violatoria de los derechos de propiedad y de los demás derechos adquiridos, incluso el derecho alimentario, porque no se permitió el cobro debido de haberes salariales, jubilatorios y pensiones sino a través de una red de cuotas ínfimas.»

• «Frente a la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, dictada en su carácter de supremo guardián de los derechos de todos los habitantes sin excepción, se produjo una reacción desnaturalizada de los otros dos poderes políticos, quienes -tal vezinterpretaron equivocadamente el rol de la Justicia, que lo único que había hecho fue reponer derechos vulnerados.»

• «(El Poder Ejecutivo y el Legislativo) creyéndose agredidos en forma desusada produjeron una avalancha de juicios políticos que en última instancia reconocen como único elemento de acusación al hecho de haber declarado la inconstitucionalidad de una ley del gobierno que acababa de asumir.»

Luego Vázquez, ya en forma más personalizada, agregó que «un sector de la prensa se volcó en apoyo de los poderes más fuertes. Ese sector de la prensa, en particular, respondería a quienes se vieron beneficiados (empresas) por la licuación de sus deudas por esta devaluación. Pero es digno reconocer que esos sectores se sumaron luego a la prensa realmente independiente y todos sin excepción reconocen el valor que tuvo la Corte de colocarse (caso Smith) del lado de quienes tienen la razón y falló ajustado a Derecho».