Ya es aberrante la operación contra la Fundación Felices Los Niños que conduce el padre Julio Grassi. A la acusación contra el sacerdote de abusos sexuales se agrega ahora una intervención con la excusa de controlar la administración de la institución. Se trata de la segunda fase de una maniobra que tuvo impulso desde el monopolio «Clarín» que ahora quiere avasallar a la principal institución asistencial con que cuenta el país en el campo privado. La campaña del monopolio Noble/Magnetto contra el padre Grassi y su fundación tendrá un desenlace absurdo: será el Estado el que se encargará de la atención de esos chicos, a través de una intervención. Esto por las maniobras de funcionarios para quedarse con los aportes que se realizan a esa obra, que siempre los inquietó: el sacerdote agredido brinda asistencia con costos notoriamente menores que los del Estado para la misma tarea, como es previsible. La mera comparación de esos costos es una denuncia sobre los latrocinios del fisco en tareas de asistencia. ¿Los numerosos aportantes a la obra que llevó adelante el padre Grassi seguirán derivando sus contribuciones a empleados públicos encargados de la intervención? Seguramente no. Lo más probable es que, además de destrozar al padre Grassi, la campaña canalla de «Clarín» termine por destruir también su obra.
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De ser «ignorada» por los organismos del Estado la Fundación del padre Grassi se convirtió de pronto y, sospechosamente, en una institución que debe ser supervisada. En otras palabras, de modelo de institución eficaz, la Fundación Felices Los Niños pasó a ser una especie de organización que roza la ilegalidad que debe ser fiscalizada por ese mismo Estado incapaz de brindar asistencia y protección a los cientos de miles de menores que deambulan por la calle o que están en situación de riesgo.
•Verificación
La directiva la impartió el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, a través de su titular, Norberto Liwsky, quien le encomendó a la Sindicatura General de la Nación, junto a la Auditoría General, realizar una verificación en los planos organizativos, funcionales, administrativos (léase económicos) y de recursos humanos de la Fundación.
La institución atiende 6.300 chicos y jóvenes, tiene 52 obras, 15 centros de día, 6 comedores, 20 hogares convivenciales, 9 escuelas, 33 talleres de capacitación laboral y 2 grupos de rescate. Funciona en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y desde hace 20 días en San Vicente, donde se asiste a 100 menores. Y es la más grande de Latinoamérica.
Por cada chico, la Fundación gasta entre 228 y 250 pesos por mes, cuando los hogares del Estado tienen un gasto de entre 700 y 2.000 pesos mensuales, que es el costo de un instituto de menores. La fundación está consumiendo por mes menos de 50% de lo que consume cualquier instituto del Estado, brindando una atención mucho mejor. Raúl Portal le dijo ayer a Ambito Financiero que «nada viene mejor en estos momentos que una auditoría para aventar las sospechas que se ciernen sobre la institución».
Y recordó que «fui yo mismo quien la viene pidiendo desde hace tiempo. Nos van a hacer un gran favor».
Oficialmente, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia aseguró que la medida responde al cumplimiento de un acta judicial. Y que ha dispuesto la asistencia técnica a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados, una actividad que «se mantendrá por el tiempo que se evalúe necesario». Precisamente, esa resolución judicial es la que dispone la realización de una auditoría.
El interrogante que rondaba ayer es por qué se desencadenó este «especial» interés por la fundación. Y la respuesta conducía inexorablemente a lo económico. Y tiene relación con la gran cantidad de chicos por los cuales hay un subsidio y obviamente un costo. El mismo Estado, a través de los juzgados, es el que envía a gran parte de los chicos en situación de riesgo a la fundación, esto por la confiabilidad, la imagen y la hiperactividad que impuso el padre Grassi y que se vio reflejado en el crecimiento de la institución que hoy le permite tener a 6.300 chicos albergados. Sin el padre Grassi, la Fundación se ha convertido en un bocado apetecible. Sobre todo para una legión de repentinos filántropos que calman su conciencia en medio de la crisis atendiendo a chicos desamparados o familias desposeídas, siempre que esa atención se pueda llevar adelante con dinero del Estado y sin más dedicación que un par de horas por día, de ser posible aplicadas cerca de casa. En un país descuartizado por las luchas de facción, aparece ahora, con la campaña que se sigue contra el padre Grassi y su Fundación, una lacra impensable: la interna de la caridad, dispuesta a destruir todo.
