Lo dispuso la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones. Es terminante en descalificar lo actuado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. No es una cámara hostil al gobierno, ya que la forman jueces como Martín Irurzun, Horacio Vigliani y Horacio Cattani (éste estuvo ausente en el tema). Una cámara que fue durísima con Carlos Menem, exagerando su encarcelamiento a nivel de haber sido refutada años atrás por la Corte Suprema. Este fallo habla de «investigación defectuosa» y de «realización de importantes pruebas que inexcusablemente habrá que decidir». Agrega que «las pruebas producidas no permiten recrear adecuadamente la verdad investigada», que «se parte de una confesión prestada por quien antes (Mario Pontaquarto) negara su participación y dada a cambio de una retribución» y que «los reconocimientos de lugares fueron practicados sin que hubiera mediado la posibilidad de control de los restantes imputados». El gobierno, vía el multiuso ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y su Oficina Anticorrupción, apelará a la Cámara de Casación o a la Corte Suprema, sin mucho sentido porque aquí no hay fallo sino orden de efectuar una investigación con seriedad por parte de un juez de primera instancia. Todo partió del «arrepentido» ex secretario del Senado, Pontaquarto, que dijo haber recibido dinero en efectivo de la SIDE dirigida por Fernando de Santibañes (durante la presidencia de Fernando de la Rúa) para soborno de senadores a los efectos de sancionar la híbrida reforma de la ley laboral. Todo lo de Pontaquarto resultaba raro, hasta decir que tuvo los presuntos 5 millones de pesos-dólares en el baúl del auto estacionado en el Congreso. El gobierno se ve obligado a apelar porque usó la anómala investigación en primera instancia y el escándalo por la denuncia pública en diciembre de 2003 para una de sus prácticas preferidas: atacar a «los políticos y a la vieja política». Ahora, todo vuelve a fojas cero por decisión de la propia Justicia, pero en el camino los sindicalistas aprovecharon el río revuelto e hicieron derogar en el Congreso la ley laboral que ahora se duda fue sancionada con incentivos. No era una gran ley, pero introducía algunas pequeñas mejoras en el cerrado sistema laboral argentino, que desalienta permanentemente inversiones de capitales en el país y hace que las empresas no se arriesguen a tomar más empleados. Por caso, quedó así suprimido un período de prueba inicial más largo para tomar trabajadores y el tope a indemnizaciones, lo cual agrava los costos de las empresas y les hace temer más tomar personal, al extremo de haber llegado hoy la desocupación en la Argentina a casi 20%, sin dar por «trabajador» al desocupado que usufructúa un Plan Jefas y Jefes de Hogar.
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Mario Pontaquarto.
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Esta situación resulta crucial en el escrito, ya que
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