Los jueces no creen en una paz con Duhalde

Algunos ministros de la Corte Suprema se quejan de que estos mensajes de pacificación del gobierno no son respondidos con actos concretos. Ayer, un nuevo elemento de preocupación se detectó entre ellos: las declaraciones de Eduardo Duhalde de que «no puede intervenir -en una supuesta negociación-porque no tiene buenas relaciones con la Corte», amenaza con romper todos los puentes.

Otra queja de algunos de los jueces es la cantidad de operadores que aparecen con diferentes propuestas de lograr una salida acordada al enfrentamiento. «Por un lado, quieren destrabar el conflicto, pero, por el otro, desde la comisión de Juicio Político -fundamentalmente, el kirchneriano Sergio Acevedo-nos tiran con todo, con tal de avanzar con la acusación y de mostrarse inflexible ante los diarios», se quejó uno de los más irritados. Prueba de ello, alega, es el tiempo de menos de dos horas que se tomó Acevedo el viernes para rechazar un pedido de ampliación de plazos que hizo Virgilio Loiácono, defensor de Adolfo Vázquez. Este sostiene que, en este corto tiempo, es «imposible ejercer el derecho de defensa porque hay que contestar expedientes con miles de fojas que no se pueden chequear si son reales o falseadas».

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Ante este cuadro de enfrentamiento agravado en las últimas horas, los jueces analizan responder de variada forma: algunos, como Vázquez, pedirán licencia para abocarse a la defensa y hasta amagan con no ir mañana a la segunda audiencia de conciliación entre la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía y el Banco Central con la provincia de San Luis. Otros, como Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López, planean excusarse en la causa de Elisa Carrió y Héctor Polino como una manera de expresar una diferencia ética, ya que estos diputados del ARI y fuertes acusadores de la Corte no se apartaron en la comisión de Juicio Político, pese a las imputaciones de que, como abogados, litigaban ante la Corte: es decir, juez y parte.

De todos modos, y como una manera de agravar la situación económica, el viernes, la Corte resolvió que sólo los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal están facultados para resolver los recursos de amparo contra el «corralito» financiero, aunque las demandas podrán ser presentadas en cualquier juzgado de los fueros restantes para evitar una situación de colapso en aquéllos. De esa forma, la Corte salió a aclarar los alcances de una acordada anterior que amplió las bocas de expendio para esas medidas cautelares que superan las 200.000 presentaciones y que están siendo -con una inusitada rapidez-resueltas favorablemente por los jueces y que ponen en peligro la existencia misma del sistema financiero.

Este fin de semana trascendió que jueces penales llegaron a aplicar la ley de «subversión económica» para abrir el «corralito», según las voces de alarma y preocupación que salieron desde ABA y ABAPRA, las entidades que agrupan a los bancos. Hasta el momento, sólo los jueces Mariano Bergés (Instrucción) y María Servini de Cubría (Federal) habían aplicado «subversión económica», pero para juzgar la conducta de directivos de bancos por presunta defraudación al Estado y no para posibilitar que se devuelvan depósitos retenidos a los ahorristas.

La Corte fundamentó su decisión en pedidos que hizo el procurador del Tesoro, Rubén Citara, el gremio judicial a cargo del moyanista Julio Piumatto y los propios jueces contenciosos. Claro que esas solicitudes apuntan a distintos objetivos: Citara hizo sonar la alarma, porque, de continuar con esta sangría, se tornarán ilusorios los derechos del Estado, que no puede contener la fuga imparable de los depósitos bancarios. Piumatto lo hace en defensa de los ahorristas; y los jueces, por razones de subsistencia jurisdiccional y hasta de seguridad habitacional, ya que hay edificios que amenazan con derrumbarse.

Esta nueva acordada trata retardar las definiciones sobre las medidas cautelares, pero no le pone un cerrojo al «corralito».