Magistratura agiliza la depuración kirchnerista

María Laura Leguizamón

Maratónica jornada ayer en el Consejo de la Magistratura, que aprobó sobre tablas y después de tres horas de discusión un nuevo reglamento general que será la biblia de esta gestión porque ha sido adaptado a la ley sancionada el año pasado, que reformuló ese cuerpo colegiado. De ahora en más se puede cambiar a un secretario de funciones sin invocar causa alguna. Son cambios profundos, porque el poder político retoma la atribución de designar a hombres de confianza en la estructura de decisión. Así lo imaginó cuando se planeó el achicamiento de la Magistratura. Un consejo soberano, más ejecutivo y ágil.

Ganaron ayer las «chicas» María Laura Leguizamón y Diana Conti, que lograron imponer, con algunos retoques, sus respectivos proyectos. Fue con esfuerzo, pero sin un escándalo como resultó echar funcionarios del INDEC.

El gran perdedor fue Carlos Kunkel, que no estuvo en la decisiva reunión que se realizó en las oficinas del abogado/ consejero Santiago Montaña. En el undécimo piso del edificio de la calle Libertad, vecino al Teatro Colón, se cocinó el acuerdo que dejó al inefable Kunkel sin « superpoderes». En el proyecto original, el vicepresidente tenía más atribuciones que el presidente del cuerpo, Pablo Mosca. En ese desechado proyecto se le daba a Kunkel la facultad de «observar y hacer cumplir todos los reglamentos del Consejo» y se le permitía diseñar las reglas que deberán cumplir los principales funcionarios de la Magistratura.

Explicaciones

Dos explicaciones para la notable ausencia del hiperkirchnerista en el cónclave: a) Que se enojó porque sus compañeros se opusieron a votar un subsidio para la Unión de Empleados Judiciales, de Julio Piumato. b) Porque apareció un texto distinto del reglamento que se había circularizado entre los consejeros y que se pensaba llevar al plenario.

El «pactus» resultó «beneficioso para todos». Al menos así lo reconocieron los protagonistas y lo expresaron con una votación unánime. Estar en la misma sintonía aflojó los nervios de los consejeros, que se prendieron en una catarsis colectiva promovida por el radical Federico Storani, enojado con la prensa en relación con los expedientes que todavía no son tratados. Lógicamente, «Fredi» explicó que un eventual retraso se debía a los pasos que se deben cumplir en este tipo de proceso, ya sea para promover una acusación o una sanción disciplinaria, así como para desecharla. Una pena que no haya aprovechado la oportunidad para reprocharles a sus compañeros que «reducir» el Consejo no era sinónimo de «agilidad» en el tratamiento de las causas como el peronismo alegó en los días previos a reformar el consejo de jueces. Obviamente, queda para el anecdotario.

El funcionamiento del Consejo gracias a este nuevo reglamento es producto de un «pacto de buena fe», porque nada se dice sobre la remoción de los funcionarios del Consejo. Sólo se consensuó que si el Consejo necesita otro secretario lo designa y si puede coexistir con los que ya están, lo hace; caso contrario, se le da otra función. Sólo se lo eyectará de su cargo si comete una falta grave. Era el requisito que estaba vigente, es decir se exigía un «sumario previo con causa fundada» para su destitución.

A decir de un consejero, se lo considera asimilado como empleado de la administración pública al administrador general (Cristina Akmentins), que ejecuta el millonario presupuesto de la Justicia; el secretario general, Pablo Hirschmann, y el jefe de auditores, Jorge Dal Soto.

Sin embargo, la obligatoriedad del «sumario» no implica que este trío de funcionarios tenga garantizada una estabilidad similar a la de un juez. Puede ser que sean desplazados a otros puestos o a otras funciones y terminen pidiendo el pase a otra área del Poder Judicial o bien renunciando.