El coronel retirado Francisco Molina, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres en 1980, imputado y con orden de detención librada por el juez Juan Oliva en la causa sobre desapariciones en Paso de los Libres, dijo que el ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, como jefe de unidad, y en su calidad de comandante y superior inmediato de los oficiales de día (los que cumplen guardia), estaba informado de lo actuado por ellos en el servicio de guarnición y, por ende, no podía ignorar lo que ocurría dentro de ella. En su exposición ante la Justicia, agregó una declaración testimonial prestada a fs. 693 de la causa N° 6.859/98 en trámite ante el Juzgado Federal de la Capital Federal a cargo de Ariel Lijó en la cual José Luis D'Andrea Mohr (ex oficial del Ejército) explica el sistema de inteligencia y su relación con los secuestros ocurridos en las zonas fronterizas: «El requerimiento de detención originado en la Jefatura II Inteligencia, vía Batallón de Inteligencia 601, era aprobado por el Centro de Operaciones Táctico del Estado Mayor, cursado a la zona correspondiente y ésta disponía que la subzona y el área prestaran colaboración o ejecutaran la tarea». Es la primera vez que un oficial del Ejército declara atribuyendo responsabilidades al ex titular de la fuerza.
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El juez Oliva ordenó la semana pasada la detención de cinco militares presuntamente implicados en secuestros y torturas en el centro clandestino de detención conocido como La Polaca, situado en Paso de los Libres y desapariciones en el puente internacional. La pesquisa se orientará también a conocer si hubo personal de la Prefectura. En el puente internacional estaba la Gendarmería y también había prefectos por la vía de agua -el río Uruguay- que separa la Argentina del Uruguay. Emitió la orden de captura para todos los acusados que fue derivada al Ejército Argentino.
• Acusados
Los imputados son los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, coroneles Francisco Molina, Jorge Riu y Antonio Simón (ya con prisión preventiva por orden de Claudio Bonadío) y los oficiales Ricardo Fernández y Héctor Filippo, todos retirados del arma. Por esa investigación quedó fuera del cargo el director de la Gendarmería, Pedro Pasteris, quien prestará declaración el 28 de octubre. Y hora los letrados denunciantes Eduardo Molina y Jorge Olivera -ambos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados libreño- creen que Balza puede estar muy comprometido por haber comandado el Grupo 3 de Artillería, ubicado próximo al puente internacional donde ocurrieron los secuestros de guerrilleros montoneros. Los montoneros Lorenzo Viñas, Carlos Marcón y el sacerdote tercermundista Jorge Adur habrían desaparecido en junio del '80 cuando intentaban atravesar ese paso fronterizo. En ese período, Balza era jefe del Grupo 3 de Artillería de Paso de los Libres.
Está probado en más de un expediente que, de acuerdo con el plan de zonificación que se aplicó al país, Paso de los Libres era el área 243. Formaban parte de ella: el Regimiento de Infantería Nº 5, por entonces a cargo del coronel Juan Mabragaña; el Grupo de Artillería Nº 3, comandado por el entonces teniente coronel Martín Balza y el Destacamento de Inteligencia 123, dirigido por el entonces teniente coronel Antonio Simón. Mabragaña había asumido el comando del área por ser el oficial de mayor rango y antigüedad y le seguía Balza cuando Mabragaña se ausentaba de la guarnición.
El Ejército Argentino a instancias del propio Balza, cuando era jefe del Estado Mayor de la fuerza, había colaborado con las investigaciones que hizo el juez federal Claudio Bonadío (causa Nº 6.859/98) en el caso conocido como Operación Murciélago: presuntas desapariciones de montoneros en puestos fronterizos (Paso de los Libres fue uno de los objetivos). El escrito que presentó el Ejército en aquella oportunidad sostenía que el Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres no tenía dependencia orgánica del Regimiento Nº 5, dato que permitió la libertad de Mabragaña, pues confirmaba lo que ha sostenido Balza hasta ahora, que él nada sabía de las actividades de los grupos de inteligencia militar. Bonadío, en su sentencia del 12 de setiembre de 2002, siguió el criterio de asignar la responsabilidad primaria en la comisión de los delitos de desapariciones sólo a la estructura de inteligencia del Ejército en la zona. Es decir, los jefes del Destacamento de Inteligencia 123 y el jefe del organismo superior en Buenos Aires, el Batallón 601.
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