El enfrentamiento judicial entre Carlos Menem y el controvertido dúo de Carlos Stornelli y Jorge Urso tuvo ayer una nueva vuelta de tuerca cuando el ex presidente, a través de su hermano Eduardo, denunció al juez por «prevaricato y arbitrariedad». Urso, fogoneado por el fiscal, amenazó con traer a su propia investigación la explosión de la fábrica militar de Río Tercero que provocó la muerte de 7 personas y la destrucción de varias viviendas y obras de infraestructura, pese a que el caso se encuentra en pleno juicio oral y público en Córdoba.
Destrucción
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«No es lo mismo ante la opinión pública acusarlo a Menem de vender armas, que de haber permitido la destrucción de media ciudad para poder hacerlo», se quejó uno de los abogados ante lo que calificó «insólita decisión de un juez, amparado en su potestad jurisdiccional, para destruir a un imputado. Es evidente que busca su recusación», remató Oscar Roger. Este abogado junto a su par, Oscar Salvi, y Menem dieron una conferencia de prensa para criticar las duras condiciones de detención que Urso le impuso al ex presidente como si ya se tratara de un condenado y no de un procesado con presunción de inocencia, según lo marca la Constitución.
El senador se encargó de aclarar que «prevaricar significa delinquir (por parte) de los empleados públicos, dictando o proponiendo a sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta injusticia».Salvi ironizó que «va a llegar un día en que los abogados nos enteremos por Internet de las resoluciones judiciales» aunque calificó de grave que previamente no se haya notificado a los defensores. El abogado hizo alusión a la filtración constante de información por parte del juzgado y de la fiscalía hacia medios que alientan su proceder. Roger confirmó que se presentará una denuncia ante el Colegio de Abogados de la Capital Federal por las restricciones que le impuso Urso a los defensores del ex presidente.
Comparación
El ex procurador general de la Nación comparó a Urso con prácticas propias de un régimen hitleriano. «Un régimen como éste -le prohíbe incluso más de dos visitas a la mujer del arrestado que no sufre proceso judicial alguno-es una virtual celda de castigo y esperamos que la Cámara Federal corrija esas arbitrariedades». Eduardo Menem completó la crítica con mayor dureza: «Es un juez mediático que quiere mostrar dureza con un ex presidente para mejorar su propia situación. Lo tiene a Menem (Carlos) como un rehen político. (Sin embargo), excluye a (Domingo) Cavallo por razones políticas. Esto demuestra la irracionalidad del juez que cree que puede hacer lo que quiere».
La respuesta del juzgado no se hizo esperar. A media tarde se dejó trascender el pedido de Stornelli para que el juez declare «la inhibitoria del juzgado federal de Río Cuarto, del Tribunal Oral número 2 de Córdoba y de todo aquel tribunal que intervenga actualmente en la investigación sobre los hechos de Río Tercero», tratando de convencer al juez para que se convierta en una virtual instancia superior con inusuales potestades jurisdiccionales.
Stornelli, en su desenfreno, elude que la Justicia cordobesa negó apartarse de esta investigación, cuya competencia, en todo caso, debería ser resuelta por las cámaras federales de ambas jurisdicciones o por tribunales superiores como la Cámara de Casación Penal o la Corte. Al igual que con su pedido de procesamiento y detención preventiva de Menem, el fiscal abunda en afirmaciones tomadas de testimonios sin imputación directa, en base a presunciones de intencionalidad sobre el origen del fuego que destruyó la fábrica pero al que las pericias no arrojaron pruebas concluyentes. También lo acusa a Menem de haber dado una conferencia de prensa descartando el atentado y atribuyendo la causa de la explosión, a un accidente.
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