La Sala IV revocó el rechazo del planteo y dispuso una audiencia urgente para escuchar a los familiares, que llevan 50 años de búsqueda.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que el juzgado escuche a los familiares en una audiencia urgente
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el rechazo de una acción presentada por familiares que llevan 50 años buscando a dos niños que habrían nacido durante el cautiverio de sus madres, en la última dictadura militar. Los jueces consideraron que el hábeas corpus es una vía idónea para reclamar información sobre su paradero y ordenaron convocar, con carácter urgente, a una audiencia para escuchar a los denunciantes.
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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por Ricardo Sergio Baravalle y Estela Gualdero, quienes buscan conocer qué ocurrió con sus familiares desaparecidos y, especialmente, encontrar a dos sobrinos que habrían nacido en cautiverio y cuya identidad podría haber sido sustituida.
El fallo, firmado este jueves por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dejó sin efecto la decisión del Juzgado Federal N° 10, que había rechazado in limine el hábeas corpus y remitido las actuaciones a otras causas penales por delitos de lesa humanidad.
El planteo comprende dos situaciones. Por un lado, la desaparición de Ana María Baravalle y su pareja, Julio César Galizzi, secuestrados el 27 de agosto de 1976, cuando ella cursaba un embarazo de cinco meses. La pareja habría tenido un hijo o hija durante el cautiverio, cuya identidad se desconoce y que es buscado bajo los nombres de Camila o Ernesto Galizzi Baravalle.
Por otro lado, reclaman conocer el destino de María del Carmen Gualdero, desaparecida el 7 de junio de 1976, cuando estaba embarazada de ocho meses y medio, y de su hijo o hija, nacido también durante su cautiverio.
Uno de los principales cuestionamientos de los denunciantes fue que las causas penales que ya se encuentran en trámite no tienen como objetivo específico localizar a los dos nietos nacidos en cautiverio. También señalaron que, pese a haber solicitado expresamente una audiencia, el juzgado rechazó el planteo sin escucharlos.
Al analizar el caso, el camarista Hornos sostuvo que el hábeas corpus es precisamente la herramienta constitucional para reclamar respuestas frente a desapariciones forzadas. En ese sentido, afirmó: “La acción constitucional de hábeas corpus es el instrumento jurídico idóneo para garantizar el derecho de los accionantes a obtener la información que reclaman por parte de las autoridades públicas”.
El magistrado también remarcó que la existencia de investigaciones penales por los delitos cometidos durante la dictadura no impide tramitar esta acción, porque se trata de procedimientos con objetivos diferentes.
Mientras que en las causas penales se investiga la responsabilidad de los autores y partícipes de los crímenes, el hábeas corpus busca garantizar que los familiares puedan conocer el paradero de las víctimas y recuperar su identidad.
En uno de los pasajes del fallo, el juez Hornos advirtió que “no resulta jurídicamente admisible sostener que la acción carece de actualidad por vincularse con sucesos ocurridos cinco décadas atrás”. Y explicó que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente mientras no se conozca el destino o paradero cierto de la víctima.
Esa situación adquiere una dimensión particular cuando se trata de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres. Según el juez, la eventual sustitución de identidad y filiación constituye una restricción que continúa vigente. “La posible privación de su identidad y sustitución de su filiación importan una restricción ininterrumpida de su libertad que mantiene plena y estricta actualidad”, sostuvo.
El magistrado también cuestionó que los familiares fueran derivados a expedientes penales sin que eso garantizara una respuesta concreta sobre la búsqueda de los niños. Incluso destacó que María del Carmen Gualdero ni siquiera había sido incluida entre las víctimas de la sentencia condenatoria dictada en una de las causas a las que se remitieron las actuaciones.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky coincidió en que el rechazo de la acción fue prematuro y puso el foco en una cuestión procesal: la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley de hábeas corpus nunca se había realizado.
Para Borinsky, frente a una denuncia que involucra desapariciones forzadas, el juzgado debía cumplir con el procedimiento establecido por la ley antes de tomar una decisión.
Advirtió que, al omitir esa instancia, “la decisión privó a los accionantes de la oportunidad de ser oídos y de fundar la prueba que consideran conducente para establecer el paradero de sus familiares”. Los tres integrantes de la Sala IV coincidieron en hacer lugar al recurso, revocar las resoluciones anteriores y devolver el expediente al juzgado de origen.
La orden incluye convocar con carácter de urgente a la audiencia oral, con la presencia de los familiares y la intervención del Ministerio Público Fiscal. Además, el juez deberá prestar especial atención a las medidas de prueba ofrecidas para determinar el paradero de los desaparecidos y avanzar en la búsqueda de los dos hijos nacidos en cautiverio.
La decisión no implica que Casación haya determinado dónde están los nietos ni que haya ordenado directamente la realización de estudios genéticos masivos, como reclamaban los familiares. Lo que resolvió es que su búsqueda debe ser tratada mediante el procedimiento constitucional del hábeas corpus, sin clausurar el reclamo de manera anticipada.