El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Cerró enero con la revelación del juez español Baltasar Garzón precisando que el gobierno argentino había impedido la comparencia de militares -acusados de tormentos y desapariciones- en tribunales españoles. Hubo aclaraciones del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, y la promesa de una carta -insólito- a Garzón para explicarle que esa incomparencia era atribuible al jefe del anterior gobierno español, José María Aznar, responsabilidad que el propio Garzón se encargó de salvar cuando hizo sus irritantes confesiones para la administración Kirchner.
El caso, además, remite a otros: el marino Alfredo Astiz tampoco fue extraditado para su juzgamiento en París. ¿Habrá sido culpa de François Mitterrand?
Febrero avanza con este problema pendiente, su influencia en la política de derechos humanos (¿tal vez sus consecuencias electorales?), y naturalmente, se avecinan otras dificultades judiciales.
Especialmente si, como se afirma, la señora Carmen Argibay -que se incorporó a la Corte con tanta tardanza como si fuera un producto entregado luego del pago de todas las cuotas-es el voto que falta para una mayoría en ese instituto y la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como se sabe, esos instrumentos fueron sancionados básicamente -en una mayoría del arco político del país- para que los oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas no fueran juzgados (a pesar de la responsabilidad o culpabilidad que pudieron tener en ciertos hechos).
Dejá tu comentario