Otra industria del juicio: amparos contra "corralito"

Una verdadera industria del juicio, en estos tiempos de aguda recesión, se está creando en torno de los recursos de amparo que se presentan en los Tribunales para pedir que se libere el «corralito» financiero luego de la decisión de la Corte de declararlo inconstitucional. Ayer, unas cuatro mil solicitudes de medidas cautelares fueron presentadas en la mesa de entradas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por miles de abogados y particulares que hicieron cuadras de colas para radicar sus denuncias. Lo curioso -criticado por los mismos abogados- es que de acuerdo con la normativa vigente no sería necesario este trámite sino directamente demandar al banco o al Estado, según corresponda. Claro que si se sigue este criterio los abogados no podrían cobrar los $ 200 a $ 300, y hasta $ 900, que se le aplica a cada escrito, que no cuenta con más de tres carillas. A su vez, el gobierno intentó ayer acotar este negocio al dar a conocer el Decreto 320/02, en el que se suspenden por 180 días las medidas cautelares y sólo se reconocerá a la demanda por el fondo del asunto.

La necesidad de los particulares por recuperar con sus depósitos congelados desde diciembre en los plazos fijos, cuentas corrientes o cajas de ahorro de los bancos, provocó que se radicaran 15.000 presentaciones desde el momento en que Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa impusieron el primer «corralito» el 3 de diciembre pasado. Los listados con la radicación de juzgados, doce en total, empapelaban hoy las paredes del pasillo de la Cámara, mientras que empleados judiciales y abogados se cruzaban velozmente de una oficina a otra.

El motivo del incremento de presentaciones en los últimos días que se presume irá en ascenso durante la semana -ayer se duplicaron los 2.000 recursos del viernes- radica en que el jueves próximo vence el plazo para presentar los recursos de amparo al cumplirse los quince días hábiles desde la publicación de las normas cuestionadas en el Boletín Oficial. Ayer la fila de denunciantes superó los 500 metros, ya que la cola de los abogados copó el Palacio de Justicia por dentro y luego se extendió por las afueras del edificio hasta llegar a la calle Uruguay.

• Desafio

Los profesionales del Derecho no dudaron en desafiar la parálisis que envuelve a otros sectores de la economía y en un afán productivo sin precedentes se plantaron frente a los Tribunales, a las 5.30 cuando aún no había salido el sol. Un abogado que había llegado quince minutos antes de la apertura del horario judicial -a las 07.15- recién alcanzó la mesa de entradas del juzgado cuatro horas después. Además para «matar el tiempo», muchos amparistas que estaban en la cola se llevaron libros para superar el aburrimiento, mientras que otros ya cansados de permanecer de pie optaron por sentarse en las escalinatas del Palacio de Justicia o en el piso. Los más ancianos y precavidos se trajeron el banquito de la casa y a medida que avanzaba la fila se iban movilizando con la sillita por el pasillo.

La semana pasada los juzgados estaban recibiendo un promedio de cien recursos de amparo cada uno, llevando al fuero al borde del colapso, pero esta situación será ampliamente superada esta semana. Si bien la avalancha de recursos comenzó el 3 de diciembre con el primer decreto firmado por (Domingo) Cavallo, recién a partir del 4 de febrero pasado cuando se publicó en el Boletín Oficial, el decreto que suspende las acciones por 180 días, aumentó considerablemente la afluencia de público. El espectáculo judicial hasta fue contemplado por varios jueces que suelen deambular al mediodía por los pasillos de Talcahuano de 550.

En cambio, otros como Mariano Bergés -pese a ser de instrucción se metió de lleno en este conflicto entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivos y Legislativo que sostienen a las medidas coercitivas sobre los depósitos- convocó directamente a todos los ahorristas que no hayan podido retirar sus depósitos a prestar declaración testimonial aunque en el marco de una causa donde se investiga la conducta del Banco Sudameris, cuyas autoridades están acusadas de haber cometido el presunto delito de defraudación por no haberle entregado un plazo fijo de u$s 15.000 a un jubilado. Como la pulseada recién empieza, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal entregaron números a todos los demandantes que estaban en la fila hasta las 13.30, cuando cesa el horario judicial, y permaneció atendiendo las presentaciones durante toda la jornada.