Escribía Bertrand Russell que «la dificultad de la cuestión en la democracia radica en el hecho de que hay razones técnicas para concentrar el poder, pero aquellos que tienen poder es casi seguro que se abusan de él».
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Y el alemán Peter Hengstenberg en la introducción del libro «Los medios de comunicación en democracia» fue al meollo: «Una democracia podrá sobrevivir si, por ejemplo, existe un único proveedor de mermelada. Pero es imposible que subsista con una única fuente de información».
En EE.UU. -cuyo progreso se basó en la fuerza de la actividad privada-, la Corte federal, con el voto del juez Douglas en la causa contra Columbia Steel, marcó la senda: «El poder industrial debe ser distribuido en muchas manos de manera que la suerte del pueblo no dependa del antojo, los prejuicios políticos ni de la estabilidad emocional de un puñado de hombres autoelegidos. La filosofía y la orden de la ley Sherman están fundadas en la teoría de la hostilidad a la concentración en manos privadas de un poder tan grande que sólo el gobierno del pueblo debería tenerlo. Y el hecho de que sean hombres socialmente respetables es irrelevante».
El caso del padre Grassi es un aviso de ese poder, promocionando una seria investigación que no tuvo la solidez publicitada, con lo que dejó entrever que no privilegió su deber de informar, sino el escándalo público y los puntos de medición sobre la competencia. Su resultado es de 6.000 niños alterados, con riesgo de su sustento y un país en vilo. Pero la falta de tino de los «telenocturnoinvestigadores» también resultó negativa para la cuestión que debía atenderse. En efecto, aun cuando fuere verdad la corrupción del sacerdote y la Justicia lo condenare, es posible que pocos lo crean, pues la mayoría piensa que todo ha sido cuidadosamente organizado contra el creador de una obra monumental.
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