Para el gobierno, fue la noticia consuelo

Carlos Fayt

Con sordina pero con entusiasmo poco frecuente, festejó ayer el gobierno y la Corte el fallo del tribunal contra los llamados «amparos de segunda generación». Para los integrantes del máximo tribunal es la primera vez que se ponen todos de acuerdo en una cuestión de fondo y que, además, es compleja en lo técnico.

Para el gobierno es la mejor señal que podría haber recibido en medio de la negociación de la deuda privada y cuando el programa económico está bajo la tercera revisión por el FMI. Para los funcionarios -y se lo hicieron saber a los jueces de la Corte a quienes participaron del festejo- este fallo, aunque no habla de pesificación ni de dolarización, impide el colapso del sistema económico.

El argumento se basa en el cálculo de que el monto de los depósitos acorralados y pesificados alcanzó a u$s 35 mil millones de los cuales se pagaron por amparos «de primera generación» en total unos u$s 8 mil millones (unos u$s 6,5 mil millones ya fueron entregados; restan por pagar otros u$s 1,5 mil millones). De esa cuenta deducen en Economía que el fallo de ayer resuelve los reclamos por los u$s 27 mil millones que restan.

Ese dinero es la gran parte del problema, se pagaron pesificados a 1,40+CER y desde ayer no pueden ser objeto de nuevos reclamos por la diferencia a valor del dólar de mercado.

¿Qué mejor señal de la Justicia en una semana cuando todo lo demás va para atrás, desde el piquetazo que impidió el acto en Tucumán, las tribulaciones del sindicalismo oficial para quedarse con la CGT, el reflujo de las versiones sobre nuevas enfermedades, la noticia pro Menem de Suiza o el desmoronamiento del arrepentido amigo del poder? Lo de ayer casi vale eso y más, como que Nito Artaza ocupase de nuevo la calle denunciando la existencia de una Corte kirchnerista.

En el cuarto piso de los Tribunales -sede de la Corte- el clima era también de inusual cordialidad. Los siete firmantes de la acordada se dieron el lujo de tirar -como en el fútbol- alguna pared: coincidieron en rechazar el recurso en fallos diferentes, es decir, basados sobre argumentos distintos. Un hallazgo hablando de una Corte que sigue atravesada por la crisis política que abrieron los embates de las administraciones Duhalde-Kirchner.

Hasta se permitieron el chiste de bautizar a la doctrina de los «actos propios» que se usó para voltear el recurso del ahorrista Cabrera con el lunfardismo de « calavera no chilla» (si aceptó pesos en un «acto propio» y libre después no puede venir a pedir dólares).

Despuntó claro, una nueva mayoría que integran los firmantes del voto mayoritario: Augusto Belluscio -viene de la era radical-, Juan Carlos Maqueda -ingresó con Duhalde y los debutantes Raúl Zaffaroni y Elena Highton. Carlos Fayt -viene de la era Alfonsín-y los «noventistas» Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez se plegaron el resultado final con fallos particulares.

La Corte, que reclama autoridad por sobre todo el Poder Judicial -potestad que le discute el Consejo de la Magistratura- también celebró que impidió un colapso del sistema de justicia. Si el tratamiento de los amparos de primera generación por esos millones de dólares pusieron a los tribunales de todo el país al borde de su capacidad, con abogados que firmaban pedidos de amparo en los pasillos sobre escritos impresos que se vendían a $ 200, ¿qué hubiera ocurrido si se liberara la discusión de los u$s 27 mil millones?

Ahora queda la sentencia de fondo sobre la dolarización, que tratará sobre esos u$s 8 mil millones restantes que se demorará por lo menos un año. Como ocurre con el tratamiento de las leyes de punto final, el tribunal quiere tener su integración completa y deben esperar a que jure en diciembre, o en marzo, la ya designada Carmen Argibay.

Para coronar la sesión los magistrados discutieron y aprobaron -ya sin la unanimidad del fallo anterior- una resolución que instaura una novedad importante en la Justicia argentina. Es autorizar en los juicios la figura del «amicus curiae» -una persona con autoridad-, una organizaciónque puede ser parte de un juicio para aportar experiencia o testimonios. El aporte deberá se de naturaleza doctrinaria pero no será vinculante, es decir que la Corte podrá escuchar a esa parte pero no estará forzada a aceptar esos argumentos.

La experiencia viene de los Estados Unidos donde se ha admitido al «amicus curiae» en juicios sobre asuntos ambientales. Se firmó la resolución que crea la figura, pero no hubo criterio unánime. Fayt, Belluscio y Vázquez no quisieron saber nada con esa novedad; Maqueda cree que debió ser tema no de una resolución general sino ser autorizada en cada expediente. Pero como era día de consenso, con mayoría y minoría, se firmó igual.