Para la Corte ahora el empleado público es inamovible y perpetuo

Judiciales

Se conoce mejor la táctica de Ricardo Lorenzetti para instalar a la Corte Suprema en la agenda pública. El presidente del tribunal, puesto por Néstor Kirchner, tiene la teoría de que la Corte debe ejercer liderazgo y fijar posición en casos modelo. Es decir, quiere ser árbitro en los conflictos sociales. La filosofía del santafesino de tener jueces que se involucren va sumando adeptos. No es casual, entonces, que ayer por unanimidad la Corte haya decidido defender la permanencia de los empleados públicos en sus cargos casi como un derecho absoluto. Sólo podrán ser despedidos con causa justa. Si ello no existiera, el empleado cesante podrá reclamar su reincorporación y el pago de los salarios. Fomentan en la sociedad dos castas: la del sector privado y la de aquellos que -salvo raras excepciones- tienen garantizada su situación laboral de por vida como si fueran «jubilados activos».

La Corte Suprema de Justicia reivindicó ayer el «derecho a la estabilidad» de los empleados públicos, al disponer que el Estado sólo podrá despedir a trabajadores del sector luego de la confección de un sumario que acredite una causa. Si se los echa sin haber contemplado estos requisitos se reconoce el derecho a la reincorporación y al pago de salarios caídos.

El fallo otorga una fuerte protección a los empleados públicos frente a los despidos considerados arbitrarios e implica un brusco giro de la Justicia en materia laboral. Tradicionalmente, el alto Tribunal ha negado que la permanencia en la función del empleado público configure derecho absoluto. Siempre consideró que la «estabilidad» se satisfacía con una equitativa indemnización dándole a ese concepto un principio más definido que en el ámbito privado. Pero esta vez tomó el valor axiológico del término que, según los jueces supremos, apunta al derecho de no ser privado del empleo.

La Corte -que preside Ricardo Lorenzetti- sostuvo ese criterio al confirmar un fallo de la Sala VI de Cámara de Apelaciones del Trabajo. Se trata del «Caso Madorrán c/ Administración Nacional de Aduanas». La empleada impugnó por inconstitucional el artículo 7 del convenio colectivo 56/92 «E» aplicable a la Aduana, que disponía que si un agente era despedido sin causa justificada sólo tenía derecho a percibir la indemnización prevista en la Ley Contrato de Trabajo (LCT). De este modo se le impedía reclamar la reinstalación en el cargo.

  • Sumario

    Según indicó la Corte en el fallo, «los empleados públicos sólo podrán ser despedidos mediante un sumario que acredite una causa». Y agregó que «debe respetarse el derecho a la carrera administrativa» de los agentes estatales.

    El alto tribunal destacó que el artículo 14 bis de la Constitución protege a los trabajadores contra el despido y por ello se les reconoce el pago de una indemnización. Pero en el caso de los empleados públicos,«la Constitución habla del derecho a la estabilidad, lo que significa algo más: la protección de la carrera administrativa y la estabilidad propia, esto es, la necesidad de hacer un sumario previo al despido y, si no es fundado, el derecho del trabajador a la reincorporación más el pago de los salarios caídos».

    De acuerdo con los jueces, la «estabilidad del empleado público» que figura en el artículo 14 bis de la Constitución nacional «es la llamada estabilidad propia o absoluta, por la cual de no haber sido el agente segregado por motivos razonables, le asiste el derecho a ser reincorporado».

    La declaración en defensa de los empleados públicos obtuvo el voto unánime de los integrantes de la Corte.

  • Reivindicación

    Según el tratadista Carlos Pose, el fallo del tribunal es una reivindicación de la validez constitucional y la vigencia plena de una figura ( estabilidad propia) «que ha sido puesta en jaque por el accionar del propio Estado mediante el dictado constante de regímenes de prescindibilidad y/o la creación de sistemas de retiro voluntario, con minoración de ciertos lineamientos básicos de la carta magna tendientes a dotar de estabilidad y permanencia a la relaciones de empleo público».

    Al respecto, se consideraque si los constituyentes hubieran querido otorgar al agente público la misma protección contra el despido arbitrario que tiene el trabajador privado hubiera sido innecesaria la mención expresa a la estabilidad del primero.
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