El juez federal de Rawson Hugo Sastre pidió la intervención de la ministra Nilda Garré a raíz de una polémica con la Armada por una computadora secuestrada en la causa del presunto espionaje político en Trelew. Es una de las cinco CPU que había ordenado requisar el entonces juez federal Jorge Pfleger cuando estalló el caso, el 17 de marzo, pero no se incluyó en el acta de secuestro que confeccionó el secretario Rodolfo Miquelarena.
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Luego del peritaje a todas las computadoras realizado la semana pasada, el actual juez Sastre decidió devolver la quinta máquina no incluida en el acta de secuestro y el jefe de la oficina de inteligencia de Zar se negó a recibirla. La defensa presentó también la recusación de Sastre para su apartamiento de la causa. El marino exigió que la devolución de la computadora se hiciese mediante un acta donde constara «el error» cometido durante el secuestro, pero el secretario Miquelarena no accedió al pedido. Interesaba dejar esa constancia porque la controvertida máquina está adaptada al sistema PLACOM y se investiga la pérdida del módulo cifrador.
El titular naval Jorge Godoy se había presentado ante el juzgado de Luis López Salaberry -el segundo juez de la causa- para denunciar que la desaparición de los módulos de encriptado del sistema PLACOM de la máquina, ocurrida durante o después del allanamiento, «afecta directamente al Estado nacional y torna vulnerable el Sistema de Defensa Nacional, regimentado por Ley 23.554». Esos módulos aún no aparecieron. El entuerto es más serio de lo que refleja la doble negativa entre funcionarios: puede cambiar el curso del proceso, hasta -inclusive- determinar su nulidad.
El defensor de los marinos acusados de espionaje interno había pedido la nulidad del proceso basándose justamente en que la no inclusión de esa máquina en el momento del allanamiento devenía en presunta «falsedad ideológica» el contenido del acta de secuestro. Y en consecuencia también serían nulos todos los actos conexos: la causa. Mucho se ha hablado de la intromisión del Ejecutivo en la Justicia; ahora como un palíndromo, el juez Sastre intenta que sea aquél quien le resuelva el conflicto jurídico planteado por la CPU. El magistrado envió una resolución fechada el 22 de setiembre pasado dirigida a la ministra Garré y pide que: «ante la negativa de la Armada de recibir la CPU que no figuraba en el acta de allanamiento y que dependiendo del Ministerio de Defensa (la Armada) se pone a disposición de ese ministerio a efectos de que sea retirada del juzgado». ¿Ordenará Garré el retiro de la CPU? Un dilema para esta abogada que conoce el abecé de las nulidades y sus efectos en el proceso penal. Si lo hace habrá contribuido a subsanar un grave error del juez Pfleger y su secretario Miquelarena cometido en el momento del allanamiento. También diluirá con la orden la responsabilidad que pudo tener el juzgado en la desaparición del módulo cifrador del sistema PLACOM de la máquina en cuestión. Y dejará sin medios de prueba la querella que planteó el jefe naval, Godoy, por la pérdida del módulo cifrador. Claro, también dejaría así sin efecto la impugnación y la nulidad que presentó el defensor de los marinos imputados.
Obsesión
En el peritaje a las máquinas de la oficina de inteligencia de Zar se notó cierta obsesión del juez Sastre por conocer archivos de la pesquera Conarpesa. Es que los agentes navales trabajaban con bases de datos sobre el movimiento de buques pesqueros furtivos y se confrontaba información con aquellos autorizados a capturar en aguas de la zona económica exclusiva. Conarpesa estuvo en medio de denuncias por el asesinato del empresario pesquero Raúl Espinosa en enero de 2003. Y ha sido blanco de ataques de la oposición -Elisa Carrió- con el rótulo de ser favorecida con prebendas del gobierno nacional.
Luego del peritaje, la defensa pidió el viernes pasado el apartamiento del magistrado Sastre, quien estaría comprendido en uno de los tipos de recusación con causa: la amistad y la familiaridad con el querellante. En efecto, el defensor de los marinos demostró que Sastre, el juez de la causa, y Miquelarena, fiscal de Estado de Chubut y querellante, habían sido socios del estudio jurídico ubicado en La Rioja 287, piso 1º, de Trelew. La novedad agrega más condimento a la presunta parcialidad que parece exhibir el juez para deshacerse de la CPU y blanquear la falsedad del acta mediante la ayuda de una orden de Garré. El defensor aportó como prueba instrumental del conocimiento amistoso entre el juez y el fiscal federal de Chubut una copia de un poder general otorgado a ambos socios para litigar en un proceso de la Justicia provincial.
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