Por primera vez, ayer la Justicia en primera instancia avaló los aumentos de tarifas, al no pronunciarse a favor de suspender el decreto que autorizó subas promedio de 7,3% en gas y 9% en electricidad a partir del 30 de enero. El fallo alivió al ministro Roberto Lavagna en momentos en que se encuentra en Buenos Aires una misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario para auditar la situación de las empresas privatizadas. Precisamente, una de las preocupaciones planteadas por la delegación es lo que llaman la "judicialización" del proceso renegociador y, sobre todo, de las adecuaciones tarifarias, en alusión a los fallos adversos de la Justicia a las iniciativas del Ejecutivo para ajustar tarifas. Se sabe que si las subas en luz y en gas no son frenadas en Tribunales, el gobierno avanzará con incrementos en Aguas Argentinas, teléfono y peajes de acceso a Buenos Aires. Pero todavía hay dos demandas que no fueron respondidas en relación con las tarifas de gasíferas y eléctricas, por lo que el alivio oficial es sólo parcial.
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La decisión judicial -que había sido precedida por la intervención personal del procurador del Tesoro, la semana pasada-produjo alivio en el gobierno, que precisamente en este momento está tratando con una delegación del Banco Mundial y del Fondo Monetario la situación de las empresas privatizadas.
• Entre los criterios establecidos por la ley de emergencia para renegociar los contratos de las privatizadas «se vislumbran» «con mayor grado de convicción»: la calidad de los servicios, el interés de los usuarios, la accesibilidad de los mismos y la seguridad de los sistemas.
• El proceso de renegociación «por su magnitud y características desconoce antecedentes similares en el país», pero «pudo haber negligencias por parte del Estado».
• Frente al derecho del usuario encontramos la obligación del Estado de tutelar el interés público y darle satisfacción, pero previendo y asegurando la necesaria participación de los usuarios en defensa de sus derechos a través de información veraz, detallada, suficiente y eficaz.
• Hasta que se celebre la audiencia pública, el Ejecutivo debe informar dentro los cinco días de notificado el fallo, y luego, el tercer lunes de cada mes. el cumplimiento de las concesionarias con respecto a sus obligaciones y la calidad del servicio, la propuesta empresaria, el avance de la renegociación y las modificaciones consensuadas en cada etapa.
La información deberá ser brindada a todos los medios de difusión y publicarse en cada oportunidad en dos diarios de la Capital Federal, los que se irán rotando mensualmente.
