Sin secreto hoy sobre atacantes

La jueza de Instrucción Silvia Ramond debe resolver hoy la situación de 16 detenidos por los incidentes ocurridos en la Legislatura porteña el pasado 16 de julio, durante una manifestación de travestis, prostitutas, piqueteros y vendedores ambulantes. La magistrada imputó a los detenidos de un grave delito, coacción agravada, y otras figuras, como tentativa de incendio y privación ilegítima de la libertad, por lo cual las penas no contemplan excarcelación. También se resolverá si la jueza se declara incompetente y envía la causa a la Justicia Federal, o bien si el expediente pasa a la Justicia de menores, ya que hay dos detenidos en esas condiciones.

La mayoría de los presos son defendidos por abogados de organismos de derechos humanos. Entre ellos, el letrado Luis Orellana explicó a este diario que dos de los detenidos que defiende no habrían tenido nada que ver con los actos de vandalismo. Según el abogado, a uno de ellos, Rafael Sánchez, la Policía lo detuvo por portar presuntamente piedras, pero «nunca se encontraron las piedras». Ese imputado, aparentemente, según la defensa, pasaba por cercanías de la Legislatura, mientras que otro «iba a comprar un remedio porque vive por allí». Las detenciones se efectuaron aparentemente después de las 18, casi cuando ya habían terminado los desmanes, el intento de incendio de la Legislatura, la rotura de vidrios y puertas, postes arrancados, como también la rotura de un generador eléctrico.

Hoy se vencen los 10 días que dispuso la magistrada de secreto sumarial --mientras en ese lapso tomó declaraciones indagatoriaspara resolver la situación procesal de los imputados. La jueza se pronunciará también con respecto a la competencia sobre la investigación: esto es si lo remite o no a los tribunales federales de Comodoro Py, en virtud de la calificación de los hechos, la posibilidad de que pase a la Justicia de Menores. Algunos consideran que al no ser la Legislatura dominio nacional, la causa debería permanecer en el Juzgado de Instrucción.

• Alojamientos

Las mujeres y dos menores de 21 años están alojados en el penal de Ezeiza, en tanto que los hombres se encuentran en la Unidad Dos de Villa Devoto. Los detenidos están acusados del presunto delito de «coacción agravada», que contempla penas que van de los cinco a los diez años de prisión.

Ramond, de todas maneras, puede imputar distintas responsabilidades a cada uno, mientras los abogados aseguran que en el expediente se incluyen fotografías obtenidas por los medios de comunicación gráficos, donde se identifica a algunos de los detenidos en las cercanías de la Legislatura. Uno de ellos asegura que al pasar «camino a la farmacia» lo mojan -cuando desde dentro de la Legislatura se defendían con la manguera para incendio-, se da vuelta «para insultar» y sigue caminando. Al igual que los abogados defensores de los presos, una docena de legisladores -de 7 partidos políticos distintos-maneja la teoría acerca de que el vandalismo lo protagonizó un grupo organizado que no tendría nada que ver con los manifestantes. Le acercaron a la jueza 13 videos de distintos canales de televisión y le solicitaron que pida una filmación de la Policía Federal y otra del Banco Nación, tomadas el día de los incidentes. Además, los diputados porteños quieren que cite al ex ministro Gustavo Béliz para que se explaye sobre sus afirmaciones referidas a la participación supuesta de «servicios» en los desmanes.