Sobornos: Liporaci acelera su defensa

El juez federal Carlos Liporaci inició ayer una acelerada y difícil defensa para tratar de impedir el juicio político en su contra por parte del Consejo de la Magistratura: «Si me destituyen, no va a ser por causas judiciales, sino que quedará demostrado que fue una maniobra política», suele ser la afirmación que el magistrado les confiesa a sus íntimos, exhibiendo cierta seguridad de que no existen pruebas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una casa en Vicente López, cuyas cotizaciones difieren desde los 600.000 pesos (el juez) hasta más de un millón de pesos, según los consejeros que lo acusan.

De todos modos, Liporaci sabe que el próximo martes 13 -todo un vaticinio-será acusado por la comisión respectiva del Consejo de la Magistratura y que el plenario de este cuerpo -deben reunirse los dos tercios-puede llegar a no serle favorable, pero confía en que podrá defenderse en el Jury de Enjuiciamiento, a quien considera un tribunal mucho más técnico y menos politizado, repitiendo el caso de su par, Ricardo Bustos Fierro.

Pero a diferencia del cordobés, Liporaci no cuenta con el apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

La primera parte de esta estrategia se concretó el lunes, con la declaración de tres testigos que fueron citados por la Comisión de Acusación, pero que fueron mencionados por Liporaci cuando hizo el descargo ante el Consejo a fines del año pasado.

Beneficiado

Tanto Guido Torrisi, que le prestó 200.000 pesos, como Emilio Ogando, que alquiló la casa del country Golfer's en Pilar, como la contadora Patricia Bouland, que revisó las cuentas de Liporaci, beneficiaron al juez, como anticipó este diario.

Torrisi confirmó su actividad de prestamista financiero que trabaja con varias inmobiliarias de la zona Norte, y reiteró su confianza sobre el juez al tiempo que afirmó que la deuda no es exigible en su totalidad en junio próximo y que puede ser renovada, lo que le quita presión a la imposibilidad de pago; Ogando ratificó haber pagado la casa que alquiló para descanso de fin de semana y como tenía que viajar por negocios, le encargó a la señora de Liporaci que buscase una en su reemplazo.

Y Bouland explicó que los ingresos declarados de Liporaci pueden afrontar una deuda como la contraída, aunque aclaró que le recomendó encuadrarse en la operatoria de un préstamo hipotecario de algún banco de plaza.

Pero, además de estos testimonios, Liporaci se prepara para pedir la nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Acusación sobre la base de los siguientes presupuestos: a) superposición con la investigación penal del juez Gabriel Cavallo, lo que desnaturaliza el Estado de Derecho y las garantías de la Defensa en Juicio; b) acusación infundada de mal desempeño porque, en realidad, se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito aún no demostrado, y c) clara persecución política y prejuzgamiento por parte de los consejeros.

Precariedad

De todos modos, la posición del juez es precaria porque su principal instrumento de presión -el manejo de la causaperderá validez si llega a ser suspendido por el Consejo o apartado -una idea que anida en algunas cabezas del Ministerio de Justicia para que el caso sea llevado por un juez menos cuestionado mediáticamente-por la Cámara Federal Penal ante la acusación de la Comisión.

Es por ello que a los rumores de una hipotética renuncia se le agregaría ahora cierta especulación sobre una licencia por cuestiones de salud, sobre la base de que el magistrado no hace más de un año afrontó un serio problema cardíaco.