La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura escuchará hoy a tres testigos que pueden decidir la suerte en ese cuerpo del juez Carlos Liporaci: se trata de Guido Torrisi, quien le prestó $ 200.000 para comprar la casa de Vicente López; Emilio Ogando, quien pagó el alquiler de la casa en el country Goldfer's de Pilar que se ocupaba los fines de semana, y Patricia Bouland, contadora de Liporaci que presentó al Consejo el flujo de fondos de la familia del juez.
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Estos testimonios serán previos a la reunión de la Comisión de Acusación fijada para mañana aunque no se espera -como se dijo en un principio- que se haga conocer el dictamen con la acusación contra Liporaci porque no había tiempo de procesar la información que suministren estos nuevos testigos salvo que ya exista un criterio conformado. El acto de hoy es importante porque Liporaci juega sus chances al único voto dudoso: el del diputado radical por Chubut, Carlos Maestro, quien reemplaza en el Consejo al actual viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga.
Es que este cuerpo está integrado por 7 miembros, pero uno de ellos -Augusto Alasino- se excusó por estar dentro de la investigación por coimas del mismo Liporaci. De los 6 restantes, tres - Pablo Fernández (diputado del Frepaso), Mario Gersenobitz y Angel Garrote (delegados de los colegios de abogados)- tienen decidida su posición de suspender al juez, pero los otros tres están con distintos grados de apoyo a Liporaci. Lelia Chaya -diputada peronista por Salta y vinculada al gobernador Juan Carlos Romero-lo apoya incondicionalmente, pero en cambio su par, Miguel Picheto, duda en definirse por razones políticas ya que debe disputar en Río Negro la senaduría con Remo Costanzo, uno de los principales sospechosos de haber cobrado presuntos sobornos.
En ese cuadro es vital -para Liporaci- conocer la posición de Maestro. Si vota en contra, el caso pasa al plenario donde el juez no cuenta con consensos y en esta situación tiene en contra a la corporación judicial de jueces y abogados.
Ello abriría incontenible el camino hacia el Jury de Enjuiciamiento. Pero si Maestro vota a favor, la situación quedaría empatada en tres en la comisión y, en ese caso, Chaya vota doble por su condición de presidente del cuerpo, lo que sepultaría el juicio político en forma definitiva.
Situación difícil
Pero no es fácil la situación de Maestro: por un lado, debe atender ciertos reclamos de algún sector del gobierno que cree que si se lo salva, Liporaci renuncia en marzo -el juez niega totalmente esta salida-y con ello el caso queda en los tiempos interminables de la Justicia, sacándolo de la confrontación política, fundamentalmente antes de las cruciales elecciones en octubre para elegir renovar diputados y senadores. Pero Maestro, un alfonsinista típico, quiere jugar también en su provincia una de las tres bancas en disputa por el Senado.
Los testigos de hoy buscarán mejorar la posición del juez. Torrisi señalará que la deuda puede ser renegociada y es indispensable el pago total en junio próximo, lo que le quita presión a la obligación que así puede licuarse en el futuro. Ogando dirá que la casa del Goldfer's fue alquilada entre varias familias amigas y que sólo se usaba los fines de semana. Su amistad con Liporaci lo llevó a compartir ese tiempo sin que el juez tuviera que hacer frente al alquiler de unos $ 2.000 mensuales. En tanto Bouland demostrará que los ingresos de Liporaci fueron genuinos y que todo se ajusta a lo ya declarado por el juez ante el mismo Consejo cuando detalló el cuadro de ingresos familiares que ronda en unos $ 11.000 mensuales.
Pero no todo es tan fácil para Liporaci. Aún queda pendiente la pericia judicial que ordenó el juez Gabriel Cavallo por intervención del fiscal Pablo Rechini que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente se encuentra a cargo de los peritos de la Corte, quienes tienen 30 días hábiles -el caso les llegó a fines de diciembrepara expedirse. Al fiscal le interesa un tema vital: si Liporaci mintió o no con respecto a su capacidad de ahorro de $ 120.000 anuales porque por el posible incumplimiento de su deuda -$ 200.000 a Torrisi y $ 160.000 a Cofiarse- no puede calificarse penalmente porque en derecho no existen delitos futuros, a concretar.
Lo que sí en esa investigación quedó descartado, que los supuestos $ 500.000 que se le atribuyó a una hija de Liporaci haber girado al Uruguay -la versión se habría originado en fuentes de la Sindicatura General de la Nación que dirige Rafael Bielsa y luego publicados por una revista-no pudo comprobarse en ningún banco del sistema.
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