Tribunal más serio en el caso Grassi

Era casi una certeza que una vez que la causa del sacerdote Julio Grassi saliera de los tribunales inferiores de Morón, el proceso adquiriría otro matiz, porque habría jueces más serios e imparciales para tratar un caso delicado.

Los miembros del Tribunal Oral, Pedro Rodríguez, Roberto Torti y Rodolfo Castañares, dieron muestra (por lo menos en esta etapa de antesala al juicio) de mayor imparcialidad e idoneidad, necesario para que no se viole el derecho de defensa en juicio de un acusado.

El trío de jueces resolvió hacer lugar a todas las medidas que la defensa del padre Grassi pidió conocer y que le fueron vedadas durante los tres años que lleva el proceso.

Pero, además, ese tribunal se reveló no influenciable con dos decisiones de peso, a saber:

• Aceptó un planteo de Oscar Aguirre «Gabriel», quien renunció al patrocinio del abogado Juan Pablo Gallego y también a ser «particular damnificado». Es decir, el principal denunciante del sacerdote ya no es más parte de la causa.

Significa que «Gabriel» perdió el privilegio de ubicar a su abogado a la par del fiscal e interrogar a los testigos. Es un síntoma de la flaqueza de la acusación que emprendió contra el sacerdote.

• Como el abogado Gallego -quien siempre ataca a Grassi para proteger la maniobra del monopolio «Clarín»- ya no puede actuar en la causa, intentó permanecer utilizando un artilugio muy criticable.

• Reclamo

Hizo que el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, que preside Estela Carlotto y del cual es representante legal se presentara ante el Tribunal Oral y reclamara ser particular damnificado en la causa contra el fundador de Felices Los Niños. Afortunadamente, los jueces visualizaron la jugarreta y lo dejaron fuera del caso con un irreprochable argumento: le dijeron que su pretensión era un «error jurídico», porque sólo se puede constituir en particular damnificado en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP). O sea, el abogado Gallego está fuera del caso Grassi.

• La otra importante resolución del tribunal es que aceptó que todos los expedientes que resultaban secretos para Grassi dejen de serlo. Incluso le dio un plazo de 48 horas a la fiscalía de Rita Bustamante para que exhiba cada una de esas carpetas. Muchos de esos expedientes habían sido utilizados indiscriminadamente para producir pruebas a espaldas de la defensa del sacerdote.

Al único pedido que no accedió el tribunal fue permitir el acceso al Legajo de Identidad Reservada, pero éste será público en alguna de las audiencias.