Como cuando estalló el escándalo original -con el violado «off the record» de Emilio Cantarero incluido-o cuando Mario Pontaquarto apareció como arrepentido de la causa por los sobornos en el Senado, desde la semana pasada no se habla de otro tema en el Congreso que no sea de la aparición de Sandra Montero, la curiosa ex secretaria de Remo Costanzo que vio el maletín repleto de billetes y llegó hasta provista, se dice ahora, de las indispensables cámaras ocultas con testimonios de otros empleados.
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No podría haber llegado en mejor momento este reverdecer de la causa por los sobornos que la prensa sabe apreciar tan bien. Pero ese efecto adormecedor que provoca la investigación sobre otros temas puede no ser siempre una casualidad. Por lo menos así lo creen algunos opositores en el Congreso e inclusive lo insinúa algún oficialista.
La aparición de Montero vino a medida para desviar la atención de algunos problemas que se le presentaron al gobierno en los últimos días. No es un secreto -existe ya un pedido de informes presentado en Diputados y habrá otros más esta semana-que la Argentina quedó en una posición incómoda no sólo por la decisión sino por el lenguaje diplomático utilizado para rechazar el convite de las Naciones Unidas a integrar la fuerza estabilizadora en el Líbano, que ayer Italia aceptó comandar.
Problemas
Si en lugar de haber comunicado a la ONU tajantemente que el país no estaba en condiciones de enviar un contingente, se hubiera postergado una definición final hasta analizar la verdadera factibilidad del uso de una fuerza de ese tipo en el sur del Líbano, la posición del país hubiera sonado más lógica ante el mundo. De hecho, tiene razón Néstor Kirchner en dudar de participar en esa fuerza, pero las formas en este caso opacaron esos razonamientos. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que enfrentar uno de los problemas más graves que se le generaron en el último mes: las disputas en torno al costo de los alquileres, las desinteligencias en los anuncios de un control a ese mercado --desmentidos luego a las apuradas-y el lanzamiento al final de un plan de acceso al crédito hipotecario que no termina de despegar por ilusorio.
El gobierno está dispuesto a evitar cualquier costo político que le podría provocar un fracaso en este tema y por eso la necesidad de ganar tiempo hasta que los bancos oficiales organicen la colocación de los préstamos y se convenza a los privados, que siguen insistiendo en que la única solución para transformar una cuota de alquiler en préstamo hipotecario es bajar las tasas de interés.
A pesar de llevar el financiamiento a 100% del valor de la propiedad y haber alargado los plazos de pago, el plan del gobierno tiene un escollo que nadie puede superar: la relación entre los salarios y el costo de las propiedades con valores que recuperaron los mejores tiempos de la convertibilidad.
Mirada
No es conveniente, tampoco, que la opinión pública pose demasiado su mirada sobre dos temas que en realidad se funden en uno: la discusión para conseguir el financiamiento para enfrentar el año próximo el aumento a jubilados que ordenó la Corte Suprema y el cierre de los números del Presupuesto Nacional 2007.
Esa operación pasó a ser un dolor de cabeza para el gobierno, y especialmente porque el principal problema para Kirchner hoy no es cerrar las cuentas sino evitar quedar atrapado en una definición que lo obligue a retacear un incremento de haberes a los jubilados, algo imposible de pensar en esta administración cuando está comenzando ya el fuego electoral.
Todo sucedió al mismo tiempo, pero tranquiliza al kirchnerismo saber que, a pesar de seguir minando las instituciones, ninguno de todos esos problemas es más escandaloso a la vista de la opinión pública que las declaraciones de Montero sobre los sobornos. Ese impacto no durará menos de un mes, a tiempo para que al resto de los problemas se le encuentre una solución.
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