Algo les quedó en claro a los funcionarios que estuvieron presentes en la gira por los Estados Unidos de la semana pasada, tanto de Presidencia como del Ministerio de Economía. Durante 2023, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni el gobierno de Joe Biden abrirán formalmente la discusión (ni para Argentina ni para el resto de los acreedores), sobre la reducción potencial de las sobretasas o sobregiros de las tasas de interés que aplica el organismo que maneja Kristalina Georgieva. La número dos del organismo Gita Gopinath, se lo dejó en claro a Sergio Massa en la reunión previa al encuentro entre Alberto Fernández y Biden de la Casa Blanca; aclarándole que, eventualmente, en la agenda de flexibilizaciones del FMI sólo estarían en carpeta discusiones sobre las metas de reservas que deberá cumplir en Banco Central. Algo que luego se incluyó en el comunicado conjunto conocido muy tarde el viernes pasado por la madrugada. Cualquier otra cuestión, debería ser tratada (aclaró la número dos del FMI) fuera del organismo. Más precisamente, en la Casa Blanca.
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Mensaje desde Washington: no habrá discusión sobre tasas del FMI este año
La cuestión de las sobretasas no estuvo en la agenda de los Presidentes, ya que el Ejecutivo tenía el dato que Biden no hablaría de la cuestión, porque, directamente, no estaba en carpeta del gobierno de los Estados Unidos. El jefe de Estado argentino, además, tenía el dato que Massa había recibido de Gopinath. El ministro le transmitió al Presidente que lo único que se podía potencialmente hablar en la reunión de la Casa Blanca, era la posibilidad de recibir líneas crediticias desde organismos financieros internacionales. Eventualmente el Banco Mundial, una repartición donde desde siempre los Estados Unidos tienen más preeminencia que el resto del universo. La conclusión final es que el ambicioso proyecto de lograr una reducción en las tasas de interés que se le aplican al país dentro del Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado, no podrá ejecutarse durante este año. Y que, eventualmente, sería un proyecto que debería rediscutir (con dudosas posibilidades de éxito), la gestión que suceda a la de Alberto Fernández. Lo que concretó Gopinath es reiterar la posición tradicional del FMI, ahora con apoyo de la Casa Blanca: no habrá reducciones en las tasas de interés que se le aplican al país, salvo que haya una decisión política que venga determinada desde la conducción máxima del organismo. Esto es, el board del FMI, que responde órdenes de los países que lo manejan. Especialmente los Estados Unidos, que detenta la mayoría accionaria, y los miembros de la Unión Europea. Sin que los gobiernos de estos países presionen al directorio, desde la conducción de Georgieva no se podrá avanzar en el tema. Y, según lo que se desprende de la administración Biden, esto tampoco está en las prioridades (ni siquiera en la agenda) de Washington. El pedido argentino se basaba en el reclamo para que se le que se le aplique al Facilidades Extendidas vigente una reducción en los sobrecargos que debe pagar el país por el acuerdo; los que llegan al máximo posible que puede aplicar el Fondo. Esto es 4,05%; lo que implica un costo extra por unos u$s10.000 millones en todo el transcurso del préstamo. La idea de la Argentina era rediscutir ese sobrecosto que se le aplica por haber pedido el gobierno de Mauricio Macri al negociar el stand by de 2018 más dinero que el que reglamentariamente podía acceder, y luego no haberlo pagado en tiempo y forma, y haberlo renegociado luego entre febrero de 2021 y marzo de este año. La tasa máxima del FMI se ejecuta por castigo, y sólo una decisión política de los socios máximos del organismo podrían hacerla retroceder. En el momento de la discusión del acuerdo entre Martín Guzmán y los hombres y mujeres del Fondo, se reclamó discutir el capítulo; dejándose en claro en la sede del organismo en Washington que era una cuestión que debía llegar desde la Casa Blanca.La insistencia de la Argentina en conseguir una rebaja en las tasas de interés que se apliquen en un eventual Facilidades Extendidas era un capricho. El ahorro que hubiera implicado para el país en los 12 años totales que durará el acuerdo que sería de u$s1.000 millones anuales (u$s10.000 millones en total). Pero, como se trata de intereses y no de capital, ese dinero debería ser liquidado todos los años que dure el acuerdo, comenzando por el semestre posterior a la firma del Facilidades Extendidas.


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