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Bajo las nuevas medidas, los inmigrantes ilegales que permanezcan dentro del Reino Unido, no podrán acceder al estatus de refugiados o asilados, y de esta manera conseguir los beneficios del estado británico, como salud, educación y vivienda gratuitas.
Las medidas del gobierno intentan obligar a todos los inmigrantes con necesidades reales de asilo, a pedir su estatus de refugiados en el momento mismo de arribo al país y no después de haberse instalado en el Reino Unido, como ocurre en la gran mayoría de los casos.
Por su parte, grupos en defensa de los derechos de inmigrantes criticaron duramente la medida y acusaron al gobierno de Blair de provocar "aún más miseria para aquellos con necesidades verdaderas".
"Miles de inmigrantes que están en el Reino Unido se verán afectados por esta medida draconiana y quedarán sin un techo y servicio de salud necesario. Insistiremos para revertir legalmente las normas impuestas por el gobierno", declaró Ruud Lubbers, portavoz de la Comisión para refugiados de la ONU, (UNHCR).
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