Washington - La Corte Suprema de Estados Unidos se sumergió ayer por primera vez desde su recomposición por el presidente Donald Trump en el altamente sensible tema del derecho al aborto, mostrando divisiones que apuntan a una decisión muy ajustada.
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El máximo tribunal examina una ley de Louisiana que, según sus detractores, busca restringir el acceso al aborto con el cierre de tres clínicas en ese estado conservador del sur.
La ley, aprobada en 2014, es muy similar a una de Texas, que el máximo tribunal revocó en 2016 por considerarla demasiado restrictiva.
Obliga a los médicos que practican abortos a hacerlo únicamente en clínicas que estén ubicadas a menos de 50 kilómetros de un hospital. Y además, a que los médicos que lo hagan cuenten con autorización para usar los quirófanos de ese hospital.
Obtener estas autorizaciones es complejo y, si la corte avala esta ley, sólo una clínica y un médico podrán continuar practicando abortos en Louisiana.
Desde 2016 “nada ha cambiado que justifique una vuelta legal”, declaró Julie Rikelman, quien representa a los demandantes, instando a la Corte a que respete su jurisprudencia.
Pero desde ese año, el presidente republicano hizo inclinar la balanza del tribunal hacia el lado conservador al nombrar a dos magistrados (entre nueve) con posturas tradicionales.
Uno de ellos, Brett Kavanaugh, reemplazó a un juez conservador moderado que, en temas de aborto, votó junto a los cuatro miembros progresistas del tribunal. Ayer se mostró cauto, cuestionando sólo la posibilidad de que “los hechos sean diferentes de un estado a otro”.
En sus conclusiones, Rikelman se dirigió a él directamente, así como al presidente de la Corte, John Roberts. A pesar de sus puntos de vista conservadores, este magistrado suele apegarse al respeto de las decisiones tomadas por el tribunal y podría apoyar a sus colegas progresistas.
En la audiencia, Roberts preguntó a las partes sobre “las diferencias” entre los casos de Texas y Louisiana que “podrían llevar a conclusiones diferentes”, sin indicar qué camino tenía la intención de seguir.
Si la Corte anula la decisión de 2016, podría significar que esté dispuesta a revertir el histórico fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, que otorgó el derecho a las estadounidenses a abortar.
Ello “podría marcar el principio del fin para ‘Roe’”, dijo Kelley Robinson, una de las responsables de la organización Planned Parenthood. “El acceso al aborto pende de un hilo” en Estados Unidos, dijo.
Los opositores al aborto, que han multiplicado las leyes restrictivas en el sur y el centro del país, más religioso y conservador, se organizaron para hacer presión.
“Estamos avanzando con esperanza en nuestros corazones y con confianza en la Corte”, dijo la presidenta de United for Life, Catherine Glenn Foster.
Cada bando convocó ayer a sus simpatizantes ante la Corte Suprema. Venido de Cincinnati, Dennis McKirahan, de 75 años, hacía sonar las “trompetas de Dios”. “Tenemos que dejar de matar bebés”, exclamó.
A algunos metros de distancia, cientos de defensores del derecho a abortar recibieron el apoyo de demócratas como los senadores Chuck Schumer o Richard Blumenthal, que manifestó su preocupación ante “el peligro” que lo amenaza.
Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado, atacó a los jueces designados por Donald Trump, al decir que “pagarán el precio” si revierten el derecho al aborto.
Sus comentarios le valieron una firme condena de Roberts, quien en una poco usual declaración denunció los comentarios “amenazantes” y “peligrosos”, y garantizó la independencia de los jueces.
El Tribunal debe tomar su decisión en junio, meses antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
En el caso actual, la administración Trump respalda la ley de Louisiana.
Su objetivo es “proteger a las mujeres” y asegurar “la continuación de los cuidados”, dijo la legisladora estatal Elizabeth Murrill, quien recibió un aluvión de objeciones por parte de los jueces progresistas.
Las complicaciones son extremadamente raras, señaló la conocida defensora de los derechos de las mujeres Ruth Bader Ginsburg, mientras que Elena Kagan enfatizó la dificultad de obtener los permisos solicitados: “Algunos hospitales no quieren ser asociados con médicos que realizan abortos”.
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