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La acción de Guzmán Tapia es paralela a las investigaciones que el miércoles inició el juez Sergio Muñoz, para determinar el origen de las cuentas secretas que el general Pinochet mantuvo en Estados Unidos.
Guzmán Tapia emitió su orden al acoger una petición que formularon abogados de organizaciones de derechos humanos, tras el descubrimiento de esas cuentas, con depósitos bancarios que fluctuaron entre cuatro y ocho millones de dólares.
La petición, que apunta al embargo de los bienes del ex presidente, fue planteada por los juristas Julia Urquieta, Fabiola Letelier, Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez, que desde hace cuatro años intentan enjuiciar a Pinochet por los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó su gobierno militar.
Aunque la Corte Suprema liberó de cargos a Pinochet hace dos años, al considerar que padece una demencia moderada, la Corte de Apelaciones de Santiago lo privó de su inmunidad el pasado 28 de mayo y lo dejó expuesto a un nuevo proceso por los crímenes de la "Operación Cóndor", que investiga el juez Guzmán Tapia.
La Corte Suprema deberá ratificar o revocar el desafuero, posiblemente en agosto, después de examinar los antecedentes que vinculan a Pinochet con ese plan de las dictaduras sudamericanas de los años 70 para eliminar a sus opositores.
El descubrimiento de las cuentas secretas que Pinochet mantuvo en el Riggs Bank de Washington fue revelado hace una semana por una comisión del Senado de Estados Unidos.
El juez Guzmán Tapia es el mismo magistrado que tuvo en sus manos el primer proceso contra Pinochet y lo mantuvo bajo arresto domiciliario durante seis semanas, entre febrero y marzo de 2001.
Tras la orden de investigar los bienes del ex presidente de facto, su abogado defensor Pablo Rodríguez afirmó que hay "una persecución contra el general Pinochet".
La denuncia sobre sus cuentas secretas, según Rodríguez, se basa en "una serie de investigaciones que se realizan en el extranjero, cuyos resultados estamos esperando".
"Todas estas peticiones sólo tienen como objeto castigar, molestar y hostilizar al general Pinochet, cosa que viene sucediendo hace muchos años en este país", agregó el jurista, en alusión a los abogados de las organizaciones humanitarias.
"No ha habido ningún acto que sea reprochable ni de corrupción que pueda atribuirse al general Pinochet", insistió Rodríguez, ante consultas de la prensa.
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