Ahora el gobierno francés busca expulsar a extranjeros por mendigar o robar

El ministro de inmigración, Eric Besson, intentará cambiar la legislación para facilitar deportación

és planea cambiar la legislación para facilitar las expulsiones de extranjeros, en particular de gitanos, que "amenacen el orden público con repetidos robos o mendicidad agresiva", indicó, Eric Besson, ministro de Inmigración e Identidad Nacional francés.

"Tenemos que tener mayores posibilidades de realizar expulsiones cuando se amenace el orden público con repetidos robos o mendicidad agresiva", declaró el funcionario, quien anunció que el gobierno presentará una enmienda para ello.

Besson negó que el gobierno haya radicalizado su política de seguridad en las últimas semanas: "Hubo más regresos de rumanos y búlgaros a sus países porque se evacuaron campamentos ilícitos" de gitanos de esos Estados, explicó.

El comité de la ONU contra la "discriminación racial" urgió la semana pasada a Francia a "evitar" las expulsiones colectivas de gitanos y los "discursos políticos discriminatorios" que favorecen un "clima de racismo" y coinciden con "un aumento reciente de actos y manifestaciones racistas y xenófobos".

Dichas expulsiones están sobre el tapete desde que Sarkozy estimó a fines de julio que los disturbios callejeros consecutivos a la muerte de un joven por disparos de un gendarme mostraban "los problemas que plantea la conducta de algunos gitanos".

Poco después, tras una polémica reunión dedicada a los gitanos en la que participaron altas autoridades francesas, el gobierno afirmó que la mitad de los campamentos ilegales en Francia serían desmantelados en un plazo de tres meses.

Además, casi al mismo tiempo, Sarkozy anunció una "verdadera guerra" contra la "criminalidad" y afirmó que, en Francia, la inmigración "no está regulada lo suficiente desde hace 50 años" y que el modelo de integración francés fue un "fracaso".
El 19 de agosto pasado, el gobierno parisino realizó las primeras expulsiones de gitanos. En ese primer vuelo viajaron 74 personas con destino a Bucarest. La medida fue muy cuestionada por las Naciones Unidas y por la Iglesia católica.