Bolivia: arresto de directivos de Repsol preocupa a empresas

La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La detención de los dos máximos directivos de la filial de la empresa española Repsol YPF en Bolivia, liberados luego bajo fianza, generó ayer nueva incertidumbre en la relación entre el gobierno de Evo Morales y las compañías multinacionales que operan en ese país.

El español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, ejecutivos de Andina -filial de Repsol-, fueron detenidos en la madrugada de ayer en relación con un supuesto caso de contrabando de 230.000 barriles de petróleo crudo, denunciado en febrero pasado por la Aduana Nacional Boliviana, por valor de más de 9,4 millones de dólares entre 2004 y 2005. Finalmente, el juez Zenón Rodríguez dispuso su liberación bajo fianza y el impedimento de que abandonen territorio boliviano.

«Repsol YPF desea manifestar su satisfacción por la decisión judicial de poner en libertad a los directivos bajo fianza de 40.000 euros cada uno», indicó la petrolera en un comunicado de tres párrafos.

Ambos directivos de la firma española, que desde 1997 está presente en Bolivia y controla 27% de las reservas de gas, son acusados de contrabando y falsificación de documentos.

Un comunicado de Andina refutó los fundamentos de la acusación. Tras calificar de «irregulares, injustificadas y contrarias a derecho» las detenciones, dijo que hay «inexistencia» de delito. Por un lado, explicó , no puede haber contrabando toda vez que los hidrocarburos tributan en Bolivia al momento de la producción y no cuando son exportados, por lo que, al ser extraído, el crudo en cuestión ya había sido gravado. Por el otro, negó que haya habido falsificación de documentos para los permisos de exportación cuestionados, ya que ni Gavito ni Sánchez firmaron documentación aduanera alguna.

El paradero de ambos se desconocía desde hacía varios días, luego de que la fiscalía de Santa Cruz, distrito donde opera Repsol YPF, allanó las oficinas de Andina, de donde retiró documentación. Pero, en un cambio de estrategia, Sánchez y Gavito se presentaron «el martes a declarar voluntariamente ante la Fiscalía de Santa Cruz» y fueron retenidos, según la compañía, que dijo confiar en una pronta resolución del caso.

Esta situación -que es seguida de cerca por el gobierno español- originó preocupación en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), organismo que agrupa a una veintena de empresas del rubro, que en un comunicado señaló que lo acontecido con los directivos es una mala señal para la inversión en el país.

«Creemos firmemente que éste es un momento muy especial, que no puede desviarse con acusaciones y acciones en contra de algunas empresas y de sus ejecutivos, situación que siempre deja secuelas entre las partes y, lo que es peor, mandan una señal negativa a los inversionistas», señaló la CBH.

Agregó que «más allá del tema legal y de los argumentos que deben ser resueltos en la Justicia, consideramos complejo el escenario que se plantea, en un momento en que Bolivia necesita desarrollar el potencial de reservas que se han descubierto como resultado de las grandes inversiones que se realizaron en los últimos años».

• Incertidumbre

En febrero, Gavito había señalado que la radicación de cargos en tribunales bolivianos o internacionales contra Repsol «enturbiaría todo» con respecto a la relación entre esa compañía y el nuevo gobierno boliviano. «Entre socios es mejor no estar atacándose», dijo.

El caso Repsol se presenta en un momento en que el negocio del gas en Bolivia vive una situación de incertidumbre a causa de las nuevas políticas que el gobierno de Morales quiere implementar.

Desde que asumió la presidencia, el pasado 22 de enero, el presidente señaló la necesidad de «nacionalizar» los hidrocarburos, aunque las reglas del juego no están aún definidas.