Tarija quiere su autonomía. Santa Cruz también. Bolivia está más convulsionada a partir de la ley del Congreso que triplicó el canon que pagan las petroleras extranjeras. Si unos quieren independizar, por ahora administrativamente, su región para separarla de las más paupérrimas, la extrema izquierda quiere nacionalizar y no una ley que encarece, sobre todo, el gas. El presidente Mesa devolvió anoche la ley al Congreso con observaciones, con lo que la crisis se prolonga. Actuó así en medio de presiones de todos lados y con escaso poder político detrás. El temor es que, a través de la concertación que el mandatario propuso anoche en un mensaje por TV, la parte del Congreso que responde al dirigente cocalero Evo Morales le pueda sancionar otra norma peor, totalmente a contramano de lo que exige el Fondo Monetario. Sigue latente en Bolivia el riesgo de enfrentamientos civiles.
Contrarios a la legislación, los sindicatos tenían previsto desencadenar desde el lunes 16 una arremetida con huelgas, manifestaciones y cortes de ruta en demanda de la nacionalización de la riqueza gasífera.
En la otra vereda, las multinacionales petroleras y amplios sectores de empresarios bolivianos consideraron a la ley aprobada por el Congreso como «confiscatoria». Similares adjetivos fueron vertidos por el gobierno de Mesa.
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