Jeanine Áñez agradeció a Jair Bolsonaro su propuesta pero rechazó dejar Bolivia.
Bolivia criticó la propuesta del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de otorgar asilo político a la exmandataria de facto Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por su rol en el golpe de Estado contra Evo Morales, el cual le permitió llegar al poder.
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El gobierno de Luis Arce calificó de "desafortunadas" y "absolutamente impertinentes" las declaraciones de Bolsonaro y consideró que "hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos".
"Bajo ningún concepto se puede aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia de Bolivia", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien agregó que Bolivia presentará un "reclamo diplomático" a Brasil.
Jair Bolsonaro dijo el domingo que haría "lo que fuera posible" para que Jeanine Áñez vaya a Brasil "si el gobierno de Bolivia acepta" y que la exmandataria (2019-2020) está "presa injustamente".
Áñez, que se define como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz donde se encuentra recluida, pero aseveró que "no se fue ni se irá del país".
La justicia de Bolivia considera que Jeanine Áñez, de derecha, alcanzó la Presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del izquierdista Morales (2006-2019) luego de que las Fuerzas Armadas se sumaran a las protestas por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La condena contra la expresidenta de facto fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
Por su parte, un relator de la ONU sobre la independencia judicial aseguró que Áñez, juzgada por la vía ordinaria, tiene "derecho a un juicio de responsabilidades" ante el Congreso "al margen de cómo surgió su mandato".
Brasil fue de los primeros países en reconocer el gobierno de facto, a lo que se sumaron Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, entre otros.
Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 y condenada el 10 de mayo. También es señalada por "genocidio" -que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años- a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
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